Aunque no estaba programado su debate, la Asamblea aprobó por más de dos tercios una resolución sobre la séptima sesión del pasado 6 de junio y dio un plazo de 24 horas para promulgar la Ley 075, referida a la cesación de los magistrados “autoprorrogados”; el presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca, expresó su disidencia.
“Antes de pasar a la votación, quiero poner en consideración algunos aspectos de reflexión. El artículo 203 de la Constitución dice: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. También el artículo 123 de la Constitución establece que la ley no tiene efecto retroactivo, únicamente en material laboral y penal cuando es beneficiario al trabajador o imputado”, recordó Choquehuanca.
Añadió que “el proyecto de ley 075 dice: que los actuales magistrados perdieron su competencia el 2 de enero y no se reconoce sus actuaciones. El artículo 158 no reconoce competencia alguna para desconocer o anular actos o decisiones de otro órgano. Y conminar al presidente de la Asamblea a promulgar una ley que atente contra la Constitución, pienso que no es lo correcto”.
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El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, indicó ayer que se ratificó “la séptima sesión» del pasado 6 de junio y que ésta «fue legal y legítima”.
“Hoy (ayer) en la sesión con presencia del presidente nato de la Asamblea se ha aprobado la resolución desconociendo todos los actos de los magistrados autoprorrogados, que primero han obstaculizado el proceso de la preselección y segundo, han retirado nuestras competencias”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Indicó que el presidente Luis Arce debe promulgar la norma, sino el presidente de la Asamblea. “Está pendiente aquello y vamos a insistir y exigir la promulgación de las dos normas. El tiempo que se dio es de 24 horas, hasta el momento no vemos la voluntad del Órgano Ejecutivo”.
El 6 de junio, la sesión convocada por Rodríguez aprobó el proyecto de Ley 075, que cesa en sus cargos a los magistrados “prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial. Ello contó con el apoyo de asambleístas evistas y de la oposición, pese al rechazo de los legisladores arcistas y un fallo del TCP que impedía a Rodríguez realizar la sesión.
