Conocida la propuesta del referéndum por parte del presidente Luis Arce, ahora el Gobierno debate cuál será el procedimiento jurídico que se seguirá para su convocatoria y organización.
“El Presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales y lo puede hacer mediante decreto supremo, pero queremos cualificar, mejorar el proceso. Si la Asamblea quiere participar, está invitada. Pero no nos va a volver a secuestrar; no vamos a tener una Asamblea que bloquee desarrollo, créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado, no lo vamos a permitir”, desafió este miércoles el ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa.
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De acuerdo con la autoridad, un equipo jurídico del Órgano Ejecutivo trabaja para “encontrar la mejor solución”.
Referéndum
El referéndum que propuso Arce, en la conmemoración de los 199 años de la independencia de Bolivia, contempla consultar con los bolivianos la continuidad o no de la subvención de combustibles, la redistribución de escaños y la reelección continua o discontinua.
Lima explicó que cada una de estas preguntas seguirá un procedimiento diferente. En el caso de la reelección, se trata de una pregunta constitucional, por su relación con el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Mientras que, sobre la subvención, es un tema económico y técnico que no se contempla en la Carta Magna.
Además, el ministro de Justicia informó de un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para ajustar el procedimiento para realizar un referéndum, con el fin de analizar «el mejor camino para escuchar al pueblo boliviano”.
“Me refiero al Auto Constitucional 326/2024, del 16 de julio de 2024 (…); ha admitido la posibilidad de que se revise el procedimiento de referéndum en el país”, precisó.
‘Análisis constitucional’
Pese a que la Ley 026, de Régimen Electoral, establece que el Presidente puede llevar a cabo un referéndum, el auto constitucional busca agilizar el proceso, aunque todavía está en debate.
“La ley lo permite, el Presidente tiene la facultad de convocar a un referéndum directamente. El auto constitucional no nos permite decir si es una ley o es un decreto. Estamos en un momento de análisis constitucional en el diálogo entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TCP, pero el presidente lo ha anunciado porque está habilitado para eso”, explicó Lima.
En su criterio, ahora el Gobierno deberá dialogar con los demás órganos del Estado; pero también con la población, para darle “certeza y seguridad”.
El ministro explicó que las preguntas del referéndum deben ser revisadas previamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, posteriormente, por el TCP, que avalará su legalidad.
“Queremos un referéndum en el que se cumpla lo que diga el pueblo”, expresó.
Lima espera que el TSE pueda definir la fecha de las elecciones judiciales, y por ende del referéndum, en esta semana. En su criterio, los bolivianos deberán asistir a las urnas entre noviembre o diciembre de este año.
