En el marco de las investigaciones sobre presuntas firmas irregulares en un poder notariado, el juzgado de Instrucción Penal N° 26 de Santa Cruz determinó que la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y la notaria Gina Chávez se realizará el 2 de septiembre a las 09.00.
El 2 de agosto, el gobernador cruceño encarcelado en La Paz fue imputado por quinta vez por el Ministerio Público, esta vez por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad material e ideológica.
“En atención a la imputación formal y provisional presentada por el Ministerio público en contra de los imputados Gina Chávez Talavera y Luis Fernando Camacho… En el estricto cumplimiento de lo establecido en el Art. 54, en su numeral 1 y 2 del C.P.P. se señala audiencia para el día 02 de septiembre a horas 09.00 en este despacho judicial, a cuyo efecto se deberá notificar a las partes procesales” (sic), señala la resolución judicial, publicada por DTV.
Añade que en “relación al imputado Luis Fernando Camacho, notifíquese mediante comisión instruida a través de presidencia, toda vez que el mismo se encuentra detenido preventivamente en el centro penitenciario de Chonchocoro, por auxiliatura del juzgado, procédase a generar las notificaciones a todos los sujetos procesales” (sic).
La indagación comenzó en mayo y el denunciante es el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, luego de que se hallaran supuestas irregularidades en las firmas de un poder de 2023.
Mediante este documento, Camacho, detenido preventivo desde 2022, otorgó atribuciones a algunos de sus secretarios de la Gobernación en materia jurídica.
La entonces notaria de la Gobernación cruceña dio fe de la firma del gobernador. Sin embargo, se descubrió que ella no estuvo presente y que ni siquiera ingresó a Chonchocoro. La información la proporcionó Efraín Suárez, entonces vicepresidente de Creemos y asesor de Camacho.
Posteriormente, Chávez intentó justificar la rúbrica, empero, las contradicciones y las incoherencias entre las versiones impulsaron las investigaciones.
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De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Camacho “hizo insertar en dicho instrumento u protocolo declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las oficinas de la Notaria de Gobierno situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra” (sic).
Cuando se inició el caso, su abogado, Martín Camacho, calificó de absurda e ilógica la denuncia. “Debería estar en calidad de víctima, no de denunciado”.
El 2 de agosto, en sus redes sociales, Camacho también acusó al Gobierno de forzar una imputación “que no tiene pies ni cabezas”. “Así me llenen de imputaciones para tratar de doblegarme, nunca lo van a conseguir. Si creen que con juicios me van a quebrar, o que yo involucre a otros cruceños en los procesos amañados que me siguen, o que me venda, no lo van a lograr”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militar
