La Procuraduría General del Estado ve posible que esta semana pueda dictarse la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los exministros Jorge Berinduague Alcocer, Carlos Sánchez Berzain, Alberto Contreras Del Solar y Carlos Alberto López Quiroga por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se prevé una sentencia de 10 años de cárcel.
“Estamos aguardando, con expectativa, que la sentencia pueda dictarse en esta semana, en el ritmo que está avanzando a partir del día lunes (reinicio del juicio oral). Entendemos que es posible que se dicte en esta semana”, indicó el procurador general, César Siles.
La autoridad destacó el avance del proceso e indicó que este juicio está en la fase de resolución a las objeciones o exclusiones probatorias que presentaron la defensa contra la prueba documental presentada por todas las instituciones querellantes.
Añadió que una vez termine esta fase de objeciones, corresponderá la fase testifical, para luego, se ingrese a la prueba de defensa y finalmente los alegatos y sentencias.
“Recordemos también que este proceso fue el inicio, el germen de lo que sucedió con la Guerra del Gas, (donde) muchos compañeros murieron y fueron heridos, y por eso ahora reclamamos justicia. No solamente como instituciones públicas que representamos los intereses del Estado, sino también como pueblo que en su momento fue afectado por esta autorización”, dijo.
El Procurador añadió que tiene expectativa en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueda terminar “esta semana” el juicio oral público y dicte la sentencia que sentará precedente en el sector hidrocarburífero. “De cualquier manera, también destacamos y ponderamos la labor del Tribunal Supremo de Justicia de poder prácticamente por tiempo y materia dedicar todo en la Sala Plena a la atención de este juicio de responsabilidades”.
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El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y cuatro de sus exministros, esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.
De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
