A través de un auto supremo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este miércoles la detención preventiva con fines de extradición para Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
“El día de hoy se ha hecho público el auto de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila. Este auto dispone la notificación del registro de antecedentes penales, las notificaciones a los diferentes distritos judiciales para que hagan conocer si este ciudadano cuenta con otros procesos penales en curso, de tal forma aguardando la información que se haga conocer a este tribunal, seguirá el procedimiento correspondiente”, señaló el presidente del TSJ, Marco Jaimes, a Correo del Sur.
El 2 de agosto, la Cancillería solicitó al TSJ atender el pedido de extradición de Dávila, jefe antidroga durante la gestión de Evo Morales y detenido en el penal de San Pedro (La Paz).
“Se solicita que se tomen los recaudos correspondientes en atención a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición promovida por los Estados Unidos”, señala la carta envidad al TSJ.
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Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplío la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.
Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.
Jaimes reiteró que primero se debe contar con la información si Dávila tiene otros procesos en el país y en función de ello, una vez se tenga los informes correspondientes, “se procederá dar al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la extradición”.
“También al propio extraditable corresponde la notificación para que se pronuncie si se opone a la extradición o no tiene ninguna observación al respecto. Con esos criterios finalmente corren los 20 días que establece el procedimiento para que finalmente dictarse la procedencia de esta solicitud de extradición o en este caso denegarse”, indicó Jaimes.
El documento que remitió la Cancillería al TSJ recuerda que, desde febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos solicita la detención preventiva de Dávila “con fines de extradición (…), por delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en los términos del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia) y el Gobierno de los Estados Unidos”.
