Con la mira puesta en el 1 de diciembre para, por fin, organizar las esperadas elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se planteó un calendario electoral de 110 días sin preclusión y con un padrón “seguro”.
La convocatoria a los comicios, conocida el 13 de agosto, marcó el inicio de las 36 actividades hasta el día en que los bolivianos acudan a las urnas a elegir las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila explicó que las fechas definidas en “este calendario electoral ya no se pueden modificar ni sustituir. Son actividades que debemos cumplirlas como Órgano Electoral”.
De hecho, el principio de preclusión de dicho calendario de actividades está definido en el inciso K del artículo 2 de la Ley 026, de Régimen Electoral, y señala: “Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni se repetirán”.
PLAZOS. Así, los plazos del proceso fijados en el calendario de las elecciones judiciales quedan “sellados” y sin opción a modificación “de ninguna manera”.

La fase previa a la organización de los comicios a cargo del TSE fue la preselección de postulantes que llevó la Asamblea Legislativa. El camino fue accidentado y se cumplió luego de atravesar varios escollos, entre recursos judiciales y cuestionamientos que demandaron acuerdos políticos y hasta la intervención del mismo Órgano Electoral.
Por iniciativa de los vocales electorales, el TSE propició un encuentro multipartidario e interinstitucional que, con la participación de líderes de 11 partidos políticos, definió priorizar las judiciales respecto de las elecciones primarias que, por el mismo acuerdo, serán suspendidas una vez promulgada la ley sancionada en la Cámara de Senadores.
“Decidimos convocar ese diálogo y ha tenido esos resultados, (porque) ahora ya tenemos una elección (judicial) cierta, porque, antes del diálogo, era una elección incierta; no sabíamos si se iba a realizar o no”, dijo Ávila.
PADRÓN. Mientras se resolvía, primero, la preselección de postulantes y, luego, el calendario electoral surgió cuestionamientos sobre la seguridad o no del Padrón Electoral vigente.
Sobre eso, el vocal electoral, designado por el presidente Luis Arce a principios de abril, aseguró que el Padrón “ya fue sometido a varias auditorías” cuyos resultados lo calificaron como “seguro”
Tomando en cuenta que el calendario electoral prevé 10 días — del 21 al 30 de agosto— para el empadronamiento masivo, Ávila aseguró que el Padrón Electoral “está abierto” para su revisión.
Incluso recordó que el quinto punto del Acuerdo por la Democracia del 10 de julio establece “una completa transparencia” del proceso a cargo del TSE.
“Cualquier ciudadano, cualquier representante de la organización política, una organización social, una plataforma, puede asistir a los diferentes tribunales electorales y revisar el padrón electoral. Estamos abiertos a que los revise”, dijo.

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La actividad más “amplia” del calendario es la recepción de demandas de inhabilitaciones, para la que el TSE dispuso 95 días —del 14 de agosto al 16 de noviembre— sin impedir el avance de las otras.
Otra de las fases a las que se le asignó más tiempo es la difusión de méritos de los postulantes, durante 42 días, desde el 17 de octubre al 27 de noviembre.
Sobre esta última fase descrita, el vocal Ávila enfatizó que solo el Órgano Electoral puede difundir información de los profesionales. Para eso, describió que se utilizan los tradicionales medios de comunicación: prensa, radio y televisión, y “todas las redes sociales”.
En caso de que algún postulante promueva su candidatura por su parte, explicó Ávila, expone su continuidad en el proceso. Pero la sanción, que es la inhabilitación total, no solo será para él, sino para el medio que difunda la información, aunque, en ese caso, es pecuniaria.
Los bolivianos elegirán por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura. Se trata de 23 magistrados y tres consejeros —titulares y suplentes en ambos casos— cuyo mandato constitucional es de seis años.
La primera vez que Bolivia celebró las elecciones judiciales fue el 16 de octubre de 2011; la segunda ocurrió el 3 de diciembre de 2017. En el último caso, los magistrados y consejeros resultaron prorrogados a través de la Declaración Constitucional 049/2023.

Hay causales para repetir la votación
El calendario electoral de las elecciones judiciales publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone una repetición de votación en el caso de “contratiempos” con las mesas de sufragio dispuestas para esos comicios.
En un eventual caso de anulación de las mesas electorales, las actividades tienen prevista la repetición de la votación para el 15 de diciembre.
¿Cuáles son las causales para la anulación de las mesas de sufragio que llevaría a una eventual nueva votación? En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila describió cinco posibles causales.
La primera está referida a los jurados electorales, pues la norma manda a que sean tres por cada mesa de sufragio, y en el caso de que no se cumpla esa condición, la votación se repetirá. Tendrá el mismo efecto si las actas electorales no cuentan con la firma o huella de los jurados de mesa

Asimismo, la votación se repetirá cuando una mesa sea instalada en un recinto diferente al que inicialmente se estableció o cuando la votación se haya iniciado antes del horario dispuesto para el sufragio, que es de 08.00 a 16.00, el domingo 1 de diciembre.
Incluida una eventual repetición de la votación, el calendario publicado el viernes por el Órgano Electoral cuenta 62 actividades hasta la remisión del informe final a la Asamblea Legislativa.
Las elecciones judiciales serán posibles luego de un largo camino de escollos, que demandó de acuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y hasta un encuentro multipartidario propiciado por el TSE, que logró un pacto para priorizar esos comicios.
Ahora, los actores políticos celebran que se hayan “allanado” las elecciones judiciales.








