El analista y abogado Vladimir Peña afirmó que el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce pretende “torpedear” las elecciones judiciales debido a que, en su criterio, son temas muy diferentes para la población.
“Si hay convocatoria al referéndum, terminará matando a las judiciales porque son elecciones muy distintas”, afirmó este martes en La Razón Radio.
El 6 de agosto, el mandatario planteó la consulta, para el mismo día de las elecciones judiciales, sobre la distribución de escaños parlamentarios, la continuidad de la subvención de combustibles y la reelección presidencial continua o discontinua.
Sin embargo, los tres temas causaron distintas reacciones entre actores políticos y analistas. El evismo y la oposición tradicional criticaron la iniciativa del mandatario y exhortaron la toma de medidas contundentes.
Peña afirmó que el 6 de agosto fue un punto de inflexión en el país. “El presidente, acostumbrado a la inercia, quiso darle certidumbre a la población. Pero son parches”.
En su criterio, el referéndum es una decisión que no resolverá la crisis del país. Sobre la subvención a los carburantes, afirmó que es un tema álgido y espinoso. “El presidente quiere lavarse las manos, parece que es la receta más fácil”.
Respecto a la pregunta con relación a los escaños, aseguró que es “una terrible irresponsabilidad” consultar ese tema porque, en su opinión, ameritaría una reforma en la Constitución.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que el presidente Arce está habilitado para convocar a un referéndum constitucional. El legislador presentó, el 10 de julio, en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del artículo 152 del Código Procesal Constitucional porque no está en armonía con el artículo 411 de la Constitución, “cercenando” derechos del presidente para impulsar una reforma parcial de la Constitución.
La acción fue admitida por el TCP el 16 de julio.
Sin embargo, si el TCP no emite una sentencia que permita la convocatoria de un referéndum de reforma constitucional por decreto antes del 31 de agosto, en lugar de hacerlo mediante una ley, el Gobierno podría convocar a un “referéndum de consulta”.
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