El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que el Ministerio Público no recibió ninguna solicitud de la defensa de Eidy Roca, exministra de Salud, para apartarla del caso Respiradores Chinos por su deteriorado estado de salud.
Asimismo, expresó su “plena disposición” de realizar un análisis de acuerdo con los informes médicos que se presenten.
“Tenemos los mecanismos para el análisis de cualquier solicitud que puedan formular las partes. Estamos amplios para analizar la situación cuando la defensa presente una solicitud de esta naturaleza. No hemos recibido hasta el momento ninguna solicitud, teniendo una vez conocimiento y los respaldos correspondientes de certificados e informes médicos, por supuesto que el Ministerio Público va a analizar inmediatamente”, señaló Lanchipa.
El martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió a los administradores de justicia que, por “humanidad y solidaridad”, aparten del proceso a la exministra en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“Insistimos en pedir a los administradores de justicia que actúen con un sentido amplio de humanidad y solidaridad, teniendo en cuenta que, para precautelar su salud y su propia vida y con la certeza de que ella no puede asumir su defensa, debe ser apartada del caso respiradores” (sic), escribió la autoridad desde su cuenta de X.
Alejandra Sangüesa, hija de Roca, calificó la solicitud de Lima como “tardía”, empero, dijo que espera que esto no quede en “solo palabras”.
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El domingo, los familiares de la exautoridad informaron que Roca sufrió un paro cardiorrespiratorio y su estado es crítico. El lunes, fue sometida a una traqueotomía para asistir su respiración.
Lima indicó también que la Justicia “no puede aplicarse de manera tan fría” y que en “este caso debería tomarse en cuenta el factor humano. Expresamos nuestra total solidaridad con la familia de la exministra Roca”.
En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Roca y otros seis exfuncionarios por la compra irregular de 324 respiradores chinos durante la pandemia del COVID-19. Entonces, la Fiscalía informó que esta adquisición causó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones.
El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 38 pruebas testificales y 53 documentales, colectadas durante la etapa preparatoria.
