Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, defendió la propuesta de referéndum que planteó el presidente Luis Arce. Cuestionó a quienes critican la iniciativa y remarcó que se trata de una iniciativa legal y constitucional que, en su criterio, logrará la participación de los bolivianos en temas estructurales.
“¿Por qué tenerle miedo a que el pueblo participe? ¿Por qué tenerle miedo a que el pueblo sea actor protagónico y profundicemos la democracia? No politicemos, creo que en este momento el país requiere de decisiones conjuntas”, replicó este jueves en conferencia de prensa.
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Referéndum
El 6 de agosto, en Sucre, el presidente Arce dio a conocer su propuesta de realizar un referéndum el mismo día de las elecciones judiciales, ahora el 1 de diciembre.
Este miércoles, remitió las preguntas al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El referéndum pondrá en manos de los bolivianos la decisión para mantener o liberar la subvención de diésel y gasolina, la reelección presidencial continua o discontinua y la posibilidad de incrementar los 130 escaños parlamentarios.
Legalidad
Las críticas de la opinión pública y de la oposición giran en torno a estas últimas dos preguntas, pues requieren, como ellas mismas señalan, modificar la Constitución.
Sin embargo, Alcón insistió en la legalidad y en la constitucionalidad del referéndum. “No es inconstitucional, está amparado en la Constitución, en la normativa”.
La viceministra recordó la explicación del ministro de Justicia, Iván Lima, quien precisó que, según la Ley 026, de Régimen Electoral, el presidente Arce tiene la facultad y competencia de convocar a referéndum mediante decreto supremo.
Participación
Además, en criterio de Alcón, la consulta popular logrará profundizar la democracia participativa y la democracia directa. “En temas que afectan a nuestra población, sin duda alguna, deben participar; para nosotros, es la profundización de la democracia, hacer partícipe a la población en temas estructurales”, insistió.
De todas formas, la autoridad recordó que es un proceso que cuenta con diferentes etapas.
Ahora, el TSE se encuentra en análisis de las preguntas respecto a su pertinencia e imparcialidad. Luego, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizará un análisis jurídico legal de las consultas.
