El procurador general del Estado, César Siles, informó este martes que el juicio que contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras tres autoridades, en el caso Petrocontratos, ingresó a la fase de alegatos, tanto de la parte acusadora como de la defensa.
“Concluida esa última etapa corresponde que el Tribunal (de Juicio) comience con la deliberación para dictar una sentencia. Aguardamos que sea una sentencia condenatoria contra Sánchez de Lozada, que además va a ser histórica. Va a ser la primera sentencia que va a tener en Bolivia respecto a dos graves delitos de corrupción, no solo para él sino otras tres personas”, dijo.
El Tribunal de Juicio, del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), determinó la tarde de este martes ingresar a un receso y continuar con la fase de alegados el miércoles.
Reparación
Siles informó que, una vez emitida la sentencia, comenzará la etapa de la reparación civil. “La Procuraduría se va a constituir en parte civil en esta acción reparatoria para exigir resarcimiento en este enorme daño que se ha causado al Estado”.
Siles recordó que, con estos 107 contratos, que son motivos de este juicio y eran contratos que no tenían permiso del Congreso, se distribuían las regalías y utilidades de los hidrocarburos “el 82% para las empresas transnacionales y el 18% para Bolivia”. “Hay un grave daño económico al Estado”, indicó.
Señaló además que existe un anhelo de justicia del pueblo alteño que producto de estos contratos ilícitos “provocó la guerra del Gas y la salida de Sánchez de Lozada” del país.
Además de Sánchez de Lozada, los acusados son los exministros Jorge Berinduague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga. Son acusados de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; se prevé una sentencia de 10 años de cárcel.
El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.
De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
Denuncia contra Sánchez de Lozada
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
