El ministro de Justicia, Iván Lima, abrió la posibilidad de que el nuevo Fiscal General del Estado sea designado a través de un decreto supremo debido a la división en la Asamblea Legislativa.
En su justificación, la autoridad describió que las tres fuerzas políticas con representación legislativa —Movimiento Al Socialismo (MAS), y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— sufren una atomización interna.
“Si no hay dos tercios en la Asamblea, la Asamblea tiene que tener la claridad de que el Estado tiene que seguir funcionando y una de las vías posibles es que el presidente (Luis) Arce nombre al próximo Fiscal General por vía decreto supremo”, dijo la autoridad en una entrevista con radio Fides.
Fiscal general
En su criterio, “la posibilidad de que tengamos Fiscal General del Estado es remota”, pues considera que hay “intereses” que se sobreponen a “curso normal” de la elección y designación de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público.
“Son tres partidos políticos, los tres están con fracciones. El MAS está dividido; Creemos está dividido, y Comunidad Ciudadana tiene personas que no están siguiendo la línea de (el jefe de esa alianza) Carlos Mesa”, insistió.
Según dicta la Constitución Política del Estado (CPE), la nueva autoridad debe ser elegida por dos tercios de votos en una sesión bicameral de la Asamblea Legislativa.
Las declaraciones del titular de Justicia coinciden con la fase de recepción de documentación de las y los postulantes a ese cargo.
Iván Lima
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa abrió el lunes la oficina destinada a ese proceso, que recibirá las postulaciones hasta este jueves, según el cronograma.
En los antecedentes, la Asamblea Legislativa tardó en resolver la preselección de los postulantes a las elecciones judiciales, pese, incluso, a acuerdos políticos entre los representantes de cada una de las tres fuerzas políticas.
Ahora, las elecciones judiciales, fijadas para el 1 de diciembre, se realizarán luego de siete años, aunque el periodo constitucional de los magistrados y consejeros es de seis años. Además, luego de año y medio de desacuerdos legislativos y recursos judiciales y constitucionales.
