La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, espera que, acabado el juicio por el caso Petrocontratos, se resuelva la pena máxima contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), los exministros de Hidrocarburos Carlos López y Jorge Berindoague, y el exviceministro Carlos Contreras.
Los acusados, al igual que el exmandatario, se encuentran ausentes y prófugos del país.
El martes, el juicio contra Sánchez de Lozada y otras tres autoridades ingresó en la fase de alegatos, tanto de la parte acusadora como de la defensa.
En entrevista con La Razón Radio, Ríos explicó que el juicio data de 2011, en virtud de un hecho acontecido en 1996 durante la presidencia de Sánchez de Lozada. El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país el 17 de octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Y, estableció su residencia en Estados Unidos.
“En su gestión se aprobaron modelos de contrato de riesgo compartido de exploración y explotación de hidrocarburos. Se suscribieron 53 contratos de riesgo afectando a la economía del Estado porque modificó el modelo de regalías”, explicó Ríos.
Señaló que, después de suscribir los contratos, el Estado boliviano percibía solo el 18% en regalías y utilidades, cuando antes de los documentos recibía un 50%. “Las empresas extranjeras eran propietarias de los recursos y eso provocó una afectación al Estado”.
Consultada sobre a cuánto alcanza el daño al Estado, la viceministra auguró que la sentencia del caso definirá el monto. Sin embargo, dijo, como ejemplo, de Bs 50 que antes recibía el Estado, apenas percibió Bs 18 luego de los petrocontratos.
“Ya llegó la fase de alegatos finales y espero una sentencia que permita la condena con la pena máxima para que los recursos no vuelvan a ser entregados a otras empresas”, dijo.
Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicte la sentencia contra Sánchez de Lozada y tres de sus colaboradores, por el caso Petrocontratos, se activará un proceso civil para lograr un resarcimiento por el daño económico ocasionado al Estado.
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