Este miércoles se reinstalará la audiencia de inicio de juicio oral por la masacre de Senkata contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras 17 personas, luego de que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentara el sábado la acción de libertad en contra del Tribunal Cuarto de Sentencia.
Antes, ese tribunal había paralizado ese proceso por 10 días, para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.
“Lo que necesitamos es evidente, que estos jueces actúen con imparcialidad y cuiden su propia independencia. Ellos tienen en una primera instancia que está en obligación de cuidar sus propias decisiones judiciales y de actuar apegados a la ley. Si bajo pretexto de estas presiones, bajo pretexto de estas inclinaciones no lo están haciendo, quiere decir que se están volviendo cómplices de actuaciones, porque las están avalando”, cuestionó Luis Guillén, abogado defensor de la exmandataria, en una entrevista con Cadena A.
Por su parte, el activista y asesor de las víctimas de la trágica jornada del 19 de noviembre de 2019, David Inca, consideró que con la intervención del Sepdavi, “les están dando más argumentos a los acusados para que se puedan ir a quejarse ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la CIDH va a llegar en octubre”.
“Este caso puede ser utilizado por la parte de los acusados, argumentando que hay una intromisión del Gobierno, del Ministerio de Justicia, (diciendo) que están presionando para que los jueces tengan resoluciones o resuelvan algunas acciones en contra el mismo Código de Procedimiento y del artículo 8 de la Convención Interamericana”, dijo Inca al mismo medio.
La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019, cuando militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por ejercer violencia excesiva.
El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba-Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.
El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.
