El procurador general del Estado, César Siles, anunció que su despacho se sumará al proceso penal contra el expresidente Evo Morales por incumplimiento de la Resolución Constitucional 040/2024, que le impide impulsar y ejecutar manifestaciones.
El exdiputado Amilcar Barral acudió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para intentar frenar el bloqueo de carreteras, que fue anunciado por un sector de campesinos, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca.
Mediante un memorial de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, con fecha 10 de septiembre, Barral señaló que hay un evidente incumplimiento de la Resolución 040/2024 que, en febrero, le concedió la tutela a la acción popular que presentó en contra del expresidente Evo Morales, dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros para que no hagan bloqueos.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Siles explicó que la resolución es producto de una acción popular presentada por el exdiputado Barral en contra Morales. “Esta acción terminó con una resolución que tiene carácter vinculante y obligatorio. Todos están obligados a acatarla”.
“La Resolución 040/2024 ha sido emitida con relación a la propuesta de proteger los derechos de la vida, la salud y la libre circulación. Ellos deben cumplir con lo que dice la norma vigente”, aclaró.
El expresidente y líder de una fracción del MAS, Evo Morales, encabeza esta jornada una marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz con el objetivo de encontrar soluciones a la crisis por la escasez de dólares, la defensa del MAS y su eventual candidatura con miras a las elecciones generales de 2025.
En criterio de Siles, Morales ya incumplió la resolución al llevar adelante la marcha. “La Procuraduría se constituirá en parte dentro del proceso penal contra de Evo Morales por incumplir la Resolución 040”.
Afirmó que la marcha perjudica el acceso a Oruro y viola el derecho de libre circulación de la población. Criticó la medida del exmandatario y aseguró que la marcha “de pacifica no tiene nada”.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que, según ese fallo constitucional, “los bloqueos de caminos vulneran derechos fundamentales de las y los bolivianos, al impedir la distribución de alimentos, ponen en serio riesgo el estado de salud de los ciudadanos y obstaculizar la libre circulación de personas, vehículos, insumos agrarios, combustible y medicamentos”.
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