En la tercera audiencia del juicio oral por el caso “Masacre de Senkata”, la expresidenta Jeanine Áñez reiteró este viernes que los abogados de Defensa Pública no son los que la representan. Además, denunció que el tribunal empleó 6 horas para la acusación de los fiscales y solo 10 minutos a la defensa, para que cada acusado declare.
“El tribunal sin competencia para procesar a la ex Presidente de Bolivia empleó 6 horas solamente para leer la acusación de los fiscales en otra nueva audiencia de más de 12 horas de duración, pero a los acusados vilmente por el régimen del MAS nos asignan 10 minutos de defensa material, 10 minutos de defensa técnica y 5 minutos de interrogatorio. Ésa es la ‘justicia’ para los bolivianos” (sic), escribió Áñez desde sus redes sociales.
Indicó que la semana que viene continuarán las audiencias de 12 horas para que lean la acusación del Ministerio de Gobierno, la acusación de la Procuraduría del Estado, la acusación del Ministerio de Justicia, y así sucesivamente.
Sin embargo, manifestó que “es la tortura planificada por el gobierno…, es la ‘tortura blanca’ llamada así por el derecho internacional cuando la violencia física es obligar a sentarse 12 horas frente a una cámara donde no se ven a los acusadores, violencia psicológica de obligar a escuchar horas de mentiras e infamias mientras ellos cobran sueldo por torturar”.
Añadió que después de “su tortura” sigue otra que es otorgar 10 minutos para que cada acusado declare. “En mi caso, sin acceso a los 208 archivadores de 100.000 páginas, sin tener abogado. En el caso de los demás acusados, la mayoría encarcelados en San Pedro, sin derecho a estar en las audiencias maratónicas junto a sus abogados. En el derecho internacional y en la ley boliviana, la defensa es irrestricta, pero ellos han decidido que sea de 10 minutos”.
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Sin mencionar nombres, señaló también que “el responsable y autor de la violencia en Montero, Huayculi, Sacaba, Huayllani, Senkata, Potosí, Chaparina, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Pando, en todo el país, sigue libre y en la impunidad”.
Áñez y otras 17 personas son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, departamento de La Paz.
Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.
La comisión de fiscales de este caso determinó que Áñez y los demás acusados sean sometidos a un juicio ordinario.
El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.
La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
