El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, encargada del proceso de preselección de postulantes al cargo de Fiscal General del Estado, Roberto Padilla, denunció que el Gobierno no desembolsó el presupuesto de Bs 630.160 requerido para dicho trabajo legislativo.
“Hasta este momento no tenemos resultados del Ministerio de Economía. Ya es un mes de trabajo sin presupuesto. Nosotros necesitamos para esta etapa profesionales, abogados, constitucionalistas penalistas. Hasta este momento no tenemos funcionarios”, protestó en conferencia de prensa.
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De acuerdo con Padilla, su comisión no tiene “ni para las fotocopias”, ni para comprar refrigerio para los veedores que supervisan el proceso.
A la fecha, la Comisión Mixta de Justicia Plural verificó únicamente los requisitos de 76 candidatos que se presentaron; de los cuales 39 fueron inicialmente habilitados. Ahora, se encuentra revisando las impugnaciones de los postulantes inhabilitados.
Sin embargo, a partir de la próxima semana deberán iniciar el examen de méritos y posteriormente las evaluaciones, además de la revisión de la propuesta de trabajo de los candidatos.
Por ello, Padilla considera que es necesario el presupuesto para contratar un equipo más amplio, pues en la comisión no son ni 10 miembros.
‘Fiscal por decreto’
El titular de la Comisión Mixta de Justicia cuestionó cuál es la intención del Gobierno. “¿Intentan perjudicarnos?”, se preguntó.
Según Padilla, información extraoficial sugiere que el presupuesto no es desembolsado debido a que él es evista y a que el Gobierno pretende “empantanar” el proceso de selección.
El senador dijo que espera que aquello no sea cierto, pero garantizó que los legisladores de la Comisión de Justicia trabajarán, incluso sin presupuesto, para que el Gobierno no designe al nuevo Fiscal General del Estado mediante decreto, como se viene especulando.
La comisión fijó el 18 de octubre como fecha límite para remitir sus informes a la Asamblea Legislativa.
El 23 de octubre, el actual Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, concluye su gestión, por lo que la Asamblea pretende designar a una nueva máxima autoridad del Ministerio Público antes de esa fecha.
