Luego de que el exministro de Justicia Iván Lima señalara que el caso Senkata terminará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado defensor de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, pidió a los acusados ofrecer como testigo al extitular de esa cartera de Estado.
“Se ha propuesto, pues, ingresar a una campaña de poder hablar con todas las partes de este proceso; en todo caso, con todas aquellas personas que están siendo acusadas dentro de este proceso, a efectos de que puedan ofrecer al exministro de Justicia como testigo. Esto se debe a que, efectivamente cuando se dio inicio a este proceso, los 19 acusados han coincidido en que este tribunal no es competente (para procesarlos) y que se estaría viciando de nulidad el juicio de Senkata”, dijo el jurista en entrevista con Cadena A.
Guillén respondió así a las declaraciones del exministro Lima, que afirmó el fin de semana que ese proceso se lleva en la vía ordinaria, y no a juicio de responsabilidades, “por un capricho” del expresidente Evo Morales.
Masacre de Senkata
“Aquí hay un responsable de ese juicio ordinario y ese es Evo Morales”, dijo la exautoridad.
Asimismo, Guillén consideró que “quisieron tratar a la expresidenta como una vulgar delincuente. Yo creo que lo que está haciendo el señor Lima, ojalá, es reencauzar el camino por el cual se debió seguir el juicio a la señora Jeanine”.
El juicio oral contra Áñez y las otras 17 personas acusadas comenzó el 2 de septiembre.
El 24 de septiembre, Áñez pidió que Morales, exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), sea incluido en el caso que investiga la masacre de Senkata, ocurrida en los conflictos poselectorales de 2019.
“Aquí debería estar el que ahora repite la incitación a la violencia; la canallada de imponer su voluntad por la fuerza”, escribió entonces la exmandataria en su cuenta de X.
Luis Guillén
La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019. Entonces, militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078.
El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba (Cochabamba). Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente usó gases y balas para reprimir a los movilizados.
El resultado fue 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.
Ambos hechos fueron calificados como masacre por el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
