A raíz de las últimas declaraciones del exministro Iván Lima respecto del caso Senkata, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) pidió anular los juicios contra Jeanine Áñez y, al contrario, procesar a Evo Morales y otros.
“La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”, escribió en su cuenta de X.
El domingo, en radio Erbol, Lima consideró que el juicio por el caso Senkata contra Áñez terminará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «El juicio de Sacaba sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de Morales de que debe ser un juicio ordinario”, develó.
Juicio a Áñez
La declaración del otrora ministra contradice a los cuestionamientos de la oposición, que consideró que Áñez debió ser procesada en juicio de responsabilidades por su condición de exmandataria.
“Corresponde anular todos los juicios contra la Sra. Añez tal como están planteados e iniciar una investigación profunda a Morales, Lima y los jueces obsecuentes que se prestaron a esta infamia”, sugirió Mesa.
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El 19 de noviembre de 2019, una semana después de la proclamación, Áñez, contingentes militares y policiales intervinieron las protestas en Senkata, cercada entonces por manifestantes en contra del nuevo régimen.
Decreto 4078
Amparados en el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales, los efectivos reprimieron la movilización y, al atardecer, el saldo de dicha acción fueron 10 manifestantes fallecidos.
La Defensoría del Pueblo, la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establecieron que la muerte de esas personas fue a causa de impactos de bala.
Esa noche, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernández López, afirmó que del Ejército “no salió ni uno solo cartucho” de bala.
Áñez y otras 17 personas, entre civiles, militares y policías es procesada por esos sucesos luctuosos. Ella y sus otrora ministros con acusados por la emisión del decreto, el 14 de noviembre, que dio carta blanca a la intervención de fuerzas del orden y seguridad con muerte.
La CIDH y el GIEI calificaron a las muertes en Senkata como masacre.
