El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, anunció que su alianza pedirá que el exministro de Justicia Iván Lima sea parte de las investigaciones en los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Todo ello surgió a raíz de que las declaraciones de Lima, que calificó el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Senkata como un “capricho” del expresidente Evo Morales y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Al respeccto, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, pidió anular los juicios contra Áñez y, al contrario, procesar a Evo Morales, Lima y otros.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Seoane secundó la petición de Mesa y solicitó la anulación del juicio y, posteriormente, hacer una investigación “adecuada”, es decir, establecer un juicio de responsabilidades.
“Manos a la obra, pongamos las cosas en serio y esperemos que el exministro Lima siga dándonos mayor información. Él también tendrá que ser parte de la investigación pertinente”, añadió.
Consultado sobre las acciones concretas de su alianza sobre las declaraciones, informó que pondrán el tema en agenda parlamentaria. “Por el lado legal, se está presentado una demanda especifica respecto al tema”.
“Lo que pasó en Senkata tendrá que investigarse, pero enjuiciar a Áñez por la vía ordinaria me parece una injusticia”, aseveró.
De ese modo, indicó que su alianza esta “profundamente” preocupada por las declaraciones de Lima. “Queda claro que hubo un personaje que quiso cambiar la historia de Bolivia: el señor Evo Morales”.
El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.
Esa vez, 10 manifestantes murieron con impacto de bala, luego de la intervención militar y policial al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificaron el hecho como una masacre.
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