El abogado y militante de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Villalba denunció una estrategia política similar a ‘lawfare’ en contra del expresidente Evo Morales con el objetivo de dañar su imagen como líder político.
La definición actual de lawfare es el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente». Aunque se traduce del inglés como «guerra jurídica», desde la Fundéu proponen el uso de otras expresiones, como «persecución judicial», «instrumentalización de la justicia» o «judicialización de la política».
En entrevista con La Razón Radio, Villalba afirmó que existe una judicialización de la política que busca manchar la imagen de Morales y, posteriormente, llevarlo a la cárcel. “Buscan aprehenderlo”.
“Es una articulación mediática y jurídica. Es una estrategia política parecida a lawfare”, añadió.
En su criterio, dicha estrategia es impulsada por el gobierno del presidente Luis Arce y los “pititas” (opositores tradicionales). Explicó que la maniobra se basa en instaurar un proceso judicial en contra de Morales y, de ese modo, mover el aparato mediático en desmedro de la imagen del exmandatario.
“No importa si estos procesos no avanzan”, acotó.
No obstante, aseguró que este fenómeno no ocurre solo en Bolivia y recordó los casos de la exvicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Hubo persecución a Kirchner y Lula”, recordó.
Un tribunal penal en Argentina condenó, en 2022, a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).
Sin embargo, la otrora vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. Fernández negó los cargos y afirmó ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.
En noviembre de 2019, Lula fue liberado tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por Sergio Moro.
En 2019, Moro fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro.
