El Grupo de Puebla, compuesto por representantes de la izquierda latinoamericana, se expresó en relación a las recientes denuncias contra el expresidente Evo Morales. En criterio del grupo progresista, el gobierno de Luis Arce inició una guerra jurídica contra el exmandatario.
“Sus legítimas diferencias (entre Arce y Morales) parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales (…), hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Morales”, señalaron en un comunicado.
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Denuncias
El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió el miércoles que existen, por lo menos, cinco procesos legales en contra del exmandatario. Inclusive, se habría logrado una orden de aprehensión contra Morales, la cual finalmente se anuló por una acción de libertad a su favor.
El miércoles, se hizo pública la orden de aprehensión contra Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro.
Diversas autoridades del Gobierno, y el propio presidente Arce, afirmaron que, en caso de ser culpable, Morales no puede quedar impune, al tratarse de un delito en contra de una menor de edad.
El Grupo de Puebla, por su parte, considera que algunas de las acusaciones contra el expresidente son “infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado”.
‘Daño contra un ciudadano’
“Invitamos al gobierno del Presidente Arce a no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano, estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales”, exhortaron.
Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que seguirá con las investigaciones y advirtió con acciones legales contra la jueza que otorgó la acción de libertad en favor de Morales. El evismo, por su parte, denuncia que este hecho se trata de «persecución política».
Según el comunicado, compañeros del Grupo de Pueblo trataron de mediar entre Arce y Morales, pero esto no fue suficiente. Aun así, afirmaron que seguirán en la búsqueda “de espacios pacíficos y democráticos de reencuentro entre las distintas facciones del MAS”.
