La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, de la Fiscalía General del Estado, informó este viernes que, en el caso por trata y tráfico de personas contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, se descubrió que la orden de aprehensión fue emitida por la comisión de fiscales el 26 de septiembre y desde esa fecha se ocultó la documentación por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, entre otras irregularidades que fueron detectadas.
“Ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija, no se advirtió ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal; sin embargo, la fiscal a cargo del proceso informó que una vez emitidas y firmadas en recepción por la Policía, de manera inusual, las órdenes de aprehensión fueron exigidas por la exfiscal departamental quien las retuvo desde el 26 de septiembre de 2024, es decir, desde la fecha de inicio de la investigación”, sostuvo Rocha.
En su descargo, la exfiscal Gutiérrez señaló que la denuncia ingresó como cualquier otra investigación y se le dio agilidad como se las da a otras investigaciones. “Que vengan a decir acá por qué tanta agilidad en este caso, cuando este caso ha ingresado del 26 de septiembre”.
Indicó que el caso se tuvo que declarar en reserva por la “envergadura y la complejidad” que tenía, ya que no “era contra cualquier persona”.
“Para sacar el mandamiento de aprehensión, otros dicen que es ilegal, ¿por qué no se lo ha notificado? Ya hemos tenido otro caso en 2020, cuando estaba Juan Lanchipa, ese caso en qué ha terminado. Por notificaciones, con edicto, vía cooperación y al final ese caso ha terminado en rechazo”, explicó Gutiérrez.
Lea más: La Fiscalía declara en reserva por 10 días el caso de presunto estupro que implica a Morales
Dijo que con la información que se le remitió juntamente con la denuncia “queríamos que este caso no quede más en la impunidad”.
En tanto, Rocha indicó que también se pudo advertir que uno de los primeros indicios de irregularidad fue que no se cargaron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre.
Reveló que otro error detectado fue que la investigación se inició por el delito de trata y tráfico; sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por el delito de estupro, hecho que dio lugar a que la defensa del sindicado presente una acción de libertad ante la autoridad jurisdiccional.
“La orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente se investigaba, lo que generó defectos procesales y permitió que, en una audiencia Acción de Libertad, la autoridad jurisdiccional concediera tutela, declarando la nulidad de la orden de aprehensión, este es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, dijo
