El expresidente Evo Morales afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce dejó de resolver diferencias de forma democrática y que ahora implementa la “persecución judicial”.
“Hace mucho informamos que el gobierno de Luis Arce decidió convertirse en un gobierno fascista y antipopular. Renunciaron a resolver cualquier diferencia de forma democrática, para pasar a la persecución judicial”, escribió en su cuenta de X.
Así reaccionó el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) al escándalo que lo envuelve por un presunto caso de trata de personas y estupro agravado.
El caso cobró fuerza la noche del miércoles, cuando se conoció de una orden de aprehensión en contra del líder cocalero, pero también se supo que dicha disposición fue anulada.
Evo Morales
Según la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, la captura de Morales fue frenada por el fiscal general Juan Lanchipa, a quien además acusó de destituirla por la emisión de la orden contra el exjefe de Estado.
Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa afirmó que la orden quedó sin efecto por “errores” de procedimiento y que la destitución de Gutiérrez tiene que ver con “negligencia” en sus funciones.
“El abuso judicial se convirtió en la única herramienta disponible para un gobierno vaciado de legitimidad”, añadió Morales en su publicación.
Por su parte, la tarde del jueves, el presidente Luis Arce anunció que pedirá al Ministerio Público que ese caso sea declarado en reserva, para evitar su politización.
Luis Arce
“Declaro a la población que el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad y la población como un tema político”, se defendió el mandatario en Santa Cruz.
“Éste es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva”, auguró.
Ese caso generó una ola de críticas contra el exmandatario, pero también surgieron voces que fustigan al Gobierno, pues consideran que detrás de ese caso hay intenciones de dañar la imagen de Morales rumbo a las elecciones nacionales de 2025.
