La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el operativo del hotel Las Américas en 2009 el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exige procesar a los responsables.
Además, el organismo independiente recomendó al Estado “reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial”.
El 16 de abril de 2009, un comando policial irrumpió en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, en busca de Eduardo Rózsa Flores, señalado entonces como un terrorista que pretendía una acción armada en el país.
Informe de la CIDH
El informe de la CIDH fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), señala el comunicado del organismo.
La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458 del hotel, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos, como Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
Entonces, el presidente Evo Morales se encontraba de viaje en Caracas, Venezuela. Cumplía las funciones de presidente en ejercicio el vicepresidente Álvaro García. Era ministro de Gobierno Alfredo Rada.
En conferencia de prensa, García dijo que los miembros de la célula de Rózsa estaban “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.
En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.
Precisamente, Tadic y Tóásó reactivaron su denuncia en abril de este año.
Hotel Las Américas
Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años, sanción dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.
Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.
El documento de la CIDH describe cuatro puntos que el Estado Boliviano debe cumplir:
1. Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.
2. Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.
3. Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.
4. Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.
Según el comunicado de la CIDH, en su Informe de Fondo 394/21, dicho organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y “atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte”.
Proceso
Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.
La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron “ilegales y arbitrarias”, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.
Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales.
Llamado caso Terrorismo, el proceso fue cerrado en 2020. en el gobierno de Jeanine Áñez. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso y la Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.
