El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló este lunes que el Gobierno espera que la sentencia de 8 años por el caso Gases Lacrimógenos contra el exministro de Gobierno, Arturo Mullo, y otras cuatro personas, entre ellas el exministro de Defensa, Fernando López, permita su extradición al país para que rinda cuentas ante la Justicia boliviana.
“Es un buen mensaje para la población. (Esperemos que) se pueda identificar todos los delitos en los cuales ha incurrido el gabinete de (Jeanine) Áñez. Todos estos elementos y antecedentes que está dando la Justicia; son acciones que nos van a permitir en lo posterior realizar la extradición del señor Murillo para que pueda venir a nuestro país y renda cuentas ante la Justicia. En este caso que ya cuenta con una sentencia pueda ser sujeta lo que corresponde en el marco de la ley”, indicó la autoridad.
Viceministro Ríos
El viernes, la Justicia declaró culpables a Murillo y López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, esto por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.
Además de las exautoridades, también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad, la exdirectora general de Asuntos Administrativos; el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS).
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Ríos saludó la sentencia por este caso y ponderó el trabajo de que realizar el Gobierno; a través de los ministerios de Gobierno y de Justicia, carteras de estado que presentaron la denuncia no solo por daño al Estado sino otros delitos.
De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Áñez en 2019; el entonces ministro de Gobierno en coordinación el también ministro López encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS); la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
Sentencia
Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.
Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil; violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto; gravamen equitativo y demanda constructiva.
En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida; Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.
