El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este martes que los amparos presentando en las salas constitucionales de Pando y Beni son “procesos precluidos”, debido a que ya terminó el tiempo de las observaciones u objeciones para suspender el proceso de las elecciones judiciales.
“Ambos (procesos) el de Pando y de Beni en realidad resultan ser amparos que se colocan en temas precluidos, ya pasó esa época. Ya hubo las observaciones, las objeciones y todo ya ha pasado. No puedes venir a decir a estar horas, ‘se han olvidado de mi’, ¡no pues! El tribunal debería haber evaluado eso”, indicó la autoridad.
Las salas constitucionales de Pando y Beni determinaron, por separado, declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ambos surgen a raíz de dos amparos constitucionales presentados por expostulantes a magistrados del TSJ, quienes consideran que se vulneraron sus derechos.
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La abogada María Esther Caero hizo un reclamo a la Sala Constitucional de Pando, en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos.
Además, señaló que se habilitó a otra postulante, sin que ella tenga su residencia en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.
En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, reclamó que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.
Torrico señaló que se está causando un daño económico al Estado, y que “el tribunal” judicial tendrá que correr con este riesgo. “Lo siento por los administradores de justicia”.
Costo
“Alguien tiene que pagar los más de 50 millones (de bolivianos) que ya se ha gastado en este tema. El Tribunal Supremo Electoral tendrá que ver la forma, este no es un tema con el Ejecutivo”, señaló a Wara Tv.
Agregó que el TSE y la Asamblea Legislativa tienen que ver cómo se defienden. Dijo también que la Asamblea ya debía haber interpuesto las medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya que “sabía que están ingresando estos temas. Hay negligencia”.
