El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.
El proceso, a poco más de un mes de su realización, quedó en suspenso tras un fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta decisión surge por presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.
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Riesgo
Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.
“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.
Fallos
El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Caero argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.
Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni también ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado; afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de parálisis en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.
El Defensor del Pueblo cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez. Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.
