Este jueves comienza el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, el expresidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador electo Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari. ¿Qué papel jugaron en 2019?
Los tres fueron trasladados en la madrugada al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Por unas horas dejaron su prisión de Miraflores (La Paz), Chonchocoro (Viacha) y Cantumarca (Potosí), respectivamente.
Al comenzar la audiencia, el Ministerio Público pidió para los acusados 20 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros.
Cada uno, en 2019, jugó un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso Golpe de Estado I se refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre. Un motín policial y la sugerencia de renuncia de parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas decantar la decisión. Fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Áñez
La tarde de aquel domingo, políticos de oposición y embajadores de Brasil, Reino Unida, España y la Unión Europea se reunieron en el rectorado de la Universidad Católica, en La Paz, para abordar la situación.
En medio de la reunión, monseñor Eugenio Scarpellini solicitó a Ricardo Paz, entonces asesor de Carlos Mesa, comunicarse con Áñez, que se encontraba en Trinidad.
La idea fue que la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores asuma la sucesión luego de las renuncias de Morales, el vicepresidente Álvaro García y los presidentes del Senador, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda.
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“Yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”, recordó Áñez ante el fiscal de la causa.
Al día siguiente llegó a La Paz resguardada por un equipo de seguridad militar y policial, bajó de El Alto en un helicóptero y comenzó a coordinar con Camacho, que se hospedaba en el hotel Casa Grande, la conformación de su gobierno.
Los efectivos militares ya se le habían cuadrado un día antes del acto de su autoproclamación. “En el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea; allí estaba personal militar, me subí al helicóptero, junto con el senador Óscar Ortiz”, contó.
Se declaró “presidenta por sucesión” ante los medios, y la noche del 11 noviembre, en un video, pidió la intervención de las Fuerzas Armadas ante la crisis.
Camacho
Líder del Comité pro Santa Cruz, Camacho llamó a un paro indefinido el 22 de octubre. Entre cabildo y cabildo en el Cristo Redentor de Santa Cruz, anunció el “punto final” de Morales, a quien lo conminó a renunciar en 48 horas e incluso le redactó una carta de dimisión.
Luego de un primer intento (fue impedido por sus detractores en el aeropuerto de El Alto), llegó a La Paz el 6 de noviembre. Lo hizo resguardado por efectivos de la Policía Boliviana, incluso autorizado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
A partir de entonces se instaló en un hotel de la zona de Calacoto, que fue su “cuartel” de operaciones.
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El 27 de diciembre de ese año, en un acto de homenaje en su honor en su fraternidad, develó: “La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan; fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministro de Defensa para cumplir los compromisos. En la Policía, fue de la misma manera mi padre”.
Las investigaciones del caso Golpe de Estado I establecieron que Camacho, entre el 5 y 30 de noviembre de ese año, dispuso al menos Bs 7,9 millones para movilizarse en La Paz. Desde su cuenta del Banco Ganadero, con la mediación de cierto personal del Comité pro Santa Cruz, pagó viáticos, avión y hospedaje de al menos 57 personas.
Su nexo con el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, hoy prófugo, fue Luis Fernando López, también prófugo, que fue ministro de Defensa del régimen de Áñez. López se reunió y departió varias comunicaciones con el jefe militar antes de que el Alto Mando sugiriera a Morales su renuncia.
“Luis Fernando Camacho y otros”, así está foliado el caso Golpe de Estado I.
Pumari
Entonces presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), fue brazo derecho de Camacho en las movilizaciones de 2019. También llegó a La Paz para las protestas contra el gobierno de Morales.
Sin embargo, la noche de las elecciones, Pumari irrumpió en ambientes del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí para exigir el retiro de los vocales y veedores, entre ellos una funcionaria de Chile.
Creía que en uno de esos ambientes se manipulaba las papeletas electorales. El tribunal los había alquilado para el almacenamiento de material electoral.
Luego de un acuerdo con efectivos de la Policía Boliviana, se hizo cargo del edificio. Lo anunció en un breve mitin y en presencia del jefe policial.
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Más tarde, el TED resultó quemado. Las imágenes mostraron incluso cómo funcionarios tuvieron que saltar al vació desde el segundo piso en llamas.
Minutos antes de la renuncia de Morales, informado Camacho por la decisión final forzada por la conferencia de prensa del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, Pumari, el dirigente cívico cruceño y el abogado Eduardo León irrumpieron en el Palacio Quemado. Allí plantaron la carta que redactó Camacho, una Biblia y la bandera tricolor.
Este jueves, Camacho, Pumari y Áñez se vieron de nuevo, ahora en el banquillo de los acusados. Al renunciar al gobierno de Áñez, Camacho y Pumari conformaron el binomio presidencial para las elecciones generales de 2020.
