Tres jueces del Órgano Judicial pusieron en vilo a otros dos órganos del Estado, Electoral y Legislativo, a los que los obligaron, respectivamente, a frenar las elecciones judiciales y la designación del Fiscal General del Estado.
A instancias de la abogada Claudia Castro Dorado, la jueza Sandy Rodríguez, del Juzgado de la Niñez e Instrucción Penal Primero de Caranavi, dispuso el miércoles, “en calidad de medida cautelar”, la paralización del proceso de selección y designación del Fiscal General Del Estado.
La medida, cuya audiencia será resuelta el 21 octubre, frenó dos etapas del proceso que llevaba a cabo la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa: la aprobación de los informes de selección entre el 16 y 17 de octubre, y la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público hasta el 23 de octubre.
En esta fecha terminará el mandato del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Por eso urgía la selección y designación de la autoridad con dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Al contrario, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, el interinato recaerá en el Fiscal Departamental de Chuquisaca o, por prelación, en fiscal el más antiguo.
Elecciones judiciales
Antes, el martes, el Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Beni declaró desierta las convocatorias a elección de magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).
Firmada la resolución por el juez Charles Mejía, el tribunal tomó esa decisión “al evidenciarse la ausencia de equidad, género, idoneidad, meritocracia y participación originaria indígena campesina” en las postulaciones.
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Además, el tribunal también ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitir las listas de postulantes a la Asamblea Legislativa para que, si es pertinente, “puedan ser subsanadas, respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución”.
En este caso, Hugo Vargas, postulante inhabilitado al Tribunal Supremo de Justicia, presentó un amparo en el arguyó que fue retirado de la carrera electoral pese a su calificación alta.
Pando
En Pando, otro amparo constitucional, esta vez presentado por María Esther Caero, también inhabilitada, frenó el proceso bajo las mismas observaciones de la sala constitucional de Beni. También recurrieron a dicho tribunal Eva Romero y Silvia Mercado.
La información fue corroborada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, Jorge Sotelo.
Conocidas las resoluciones, el TSE, a través de su presidente, Óscar Hassenteufel, devolvió las listas en carta dirigida al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.
Sin embargo, en un comunicado, este jueves, dicho tribunal aclaró que, pese a la devolución de los documentos, las elecciones judiciales no fueron suspendidas ni paralizadas.
Proceso electoral
Según el calendario electoral, este jueves debía comenzar la difusión de méritos de los postulantes a los tribunales de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y Consejo de la Magistratura.
El año pasado, debido a múltiples recursos de otros ciudadanos afectados por la convocatoria y desinteligencias en la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional también frenó el proceso. Derivó a fojas cero todo lo avanzado desde marzo y, en consecuencia, dispuso, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017.
Éstos se mantendrán en sus funciones hasta que las elecciones judiciales deriven en la designación de sus sucesores.
