La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Yajaira San Martín advirtió este miércoles con una huelga de hambre en caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determine frenar otra vez las elecciones judiciales.
La vocal cruceña se refirió a una serie de recursos presentados contra el avance de las elecciones judiciales.
“En el caso de que se puedan pretender las acciones que estos magistrados, de forma cobarde, quieran hacer al tratar de anular las elecciones judiciales o al tratar de suspender medianamente algunas sí y otras no, la suscrita manifiesta de entrar en una huelga de hambre en el caso de que, desde luego, se pretenda cercenar la democracia de nuestro país”, dijo San Martín en una conferencia de prensa en La Paz.
Yajaira San Martín
Se trata de 46 recursos que deben ser revisados y resueltos por los magistrados del TCP y, en criterio de San Martín, “es un atentado contra nuestra democracia”.
“Creo profundamente en la independencia de poderes, pero no voy a tolerar el chantaje, la miseria, el egoísmo, el individualismo de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Provincial en contra de nuestro país”, agregó la vocal.
En los hechos, el TSE fijó la votación de las judiciales para el 1 de diciembre y se encuentra en la fase de difusión de méritos.
En una entrevista con La Razón Radio, el vocal Tahuichi Tahuichi dijo que la resolución de dichos recursos deja “en vilo” las elecciones judiciales.
Elecciones judiciales
“Este feriado de Todos Santos se estarían paralizando las elecciones judiciales. Todavía (el proceso) está en vilo por parte del Tribunal Constitucional”, advirtió el vocal Tahuichi.
De seguir su curso, el 1 de diciembre los bolivianos elegirán a los magistrados y consejeros de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
El 11 de diciembre de 2023, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, el TCP postergó las elecciones judiciales y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017. Una serie de recursos obligó esa determinación, más allá del límite de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP.
