La audiencia del juicio oral contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras tres exautoridades, en el caso Petrocontratos, concluyó con la fase de alegatos y el presidente de este tribunal suspendió la audiencia hasta el 21 de noviembre.
“Declaramos en suspenso el desarrollo de los plazos de la presente audiencia en conformidad a la parte final del 130 del Código de Procedimiento Penal, señalando como nueva fecha de audiencia para el día jueves 21 de noviembre a horas 09.00”, dijo el magistrado Olvis Egüez, presidente del Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Añadió que la audiencia de replica tanto del Fiscal General del Estado como de las instituciones que se apersonaron como acusadores iniciará el jueves 21.
Además de Sánchez de Lozada, los acusados son los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga. Son acusados de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; se pide una sentencia de 10 años de cárcel.
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El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.
De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
Denuncia
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
