La directora de la Red Andina de Información en Derechos Humanos, Kathryn Ledebur, afirmó que grupos paraestatales incurren en la violación de derechos a la privacidad al compartir los domicilios, y datos personales de diputados que respaldan al expresidente Evo Morales.
“Eso una violación de su derecho a su privacidad. Es una amenaza y es algo que ya pasó, compartieron las (direcciones de las) casas en 2019, (año de la crisis poselectoral)”, añadió.
En 2019, desplazados en motocicletas, cientos de miembros de la RJC despejaron, con violencia, los puntos de bloqueo instalados por afines al exmandatario Morales que reclamaban el “respeto a la democracia”.
Los medios de comunicación reflejaron entonces cómo la RJC arremetía con puñetes y patadas contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina del Estado.
Luego de la revuelta de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) calificó de paraestatal a la RJC. Y recomendó´ desarticular ese tipo de grupos irregulares.
De ese modo, en entrevista con La Razón Radio, Ledebur aseguró que el Estado tiene la obligación de desarticularlos y pedir una orden judicial por su tipo de convocatorias. “Es el momento de tomar acción. Es el momento de reestablecer el estado de derecho”.
Indicó que la rearticulación de este grupo irregular “da la impresión” de permisividad por parte del Gobierno.
El mes pasado, el ex viceministro y exdefensor del Pueblo de Cochabamba Nelson Cox sufrió una brutal golpiza por miembros de la RJC, quienes, con palos y piedras, también arremetieron contra su vehículo que quedó destruido.
El también abogado del expresidente Evo Morales transmitía en su red social Facebook el ataque que sufría cuando pasaba por la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba, que también fue atacada.
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