El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuchi Quispe afirmó que, si la Asamblea Legislativa no aprueba una ley corta para viabilizar las elecciones judiciales, los comicios deberán llevarse adelante de forma parcial.
El jueves, la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.
Además, declaró también desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
De ese modo, el TSE rechazó el fallo del TCP y los miembros de la Sala Plena consideraron que esa decisión “se constituye en un antecedente negativo y peligroso para la seguridad jurídica en la organización y administración de futuros procesos electorales”.
En entrevista con La Razón Radio, Tahuichi ratificó su propuesta de una ley corta para “blindar” las elecciones judiciales. Adelantó que la Sala Plena remitirá esta jornada el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
Admitió que, si la Asamblea no aborda la ley corta, las judiciales se deberán llevar a cabo solo en algunos departamentos y, de ese modo, se sentaría una jurisprudencia que permita ejecutar elecciones fraccionadas.
Al ser consultado sobre cuándo se llevaría adelante la “segunda elección” para elegir a las otras autoridades del Órgano Judicial, Tahuichi afirmó que “esa es la gran pregunta e incertidumbre”.
“Se va a tener que dividir el cuerpo del Órgano Judicial porque habría ciertos magistrados (recién elegidos) que estarían empezando recién su gestión”, mientras que “otros ya habrían comenzado semanas o meses antes”, detalló.
Al igual que sus colegas, aseguró que la sentencia irrumpe el principio de preclusión, transgrede y viola el principio de preclusión. “Es trasgresora de la democracia boliviana. Rechazamos de sobremanera”.
Este viernes, en conferencia de prensa, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, corroboró la información y afirmó que la sentencia constitucional incurre en una flagrantemente violación el principio de preclusión de las actividades de las elecciones judiciales.
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