El abogado Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y principal beneficiario con la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 que paraliza parcialmente las elecciones judiciales, solicitó a la Sala Constitucional Primer de Beni que se imponga multas progresivas de Bs 15.000 por día a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la apertura de procesos penales por desobediencia a la resolución constitucional de continuar con el proceso electoral.
“Al haberse dispuesto la declaratoria de ‘desierta la convocatoria a las elecciones judiciales’ y además de disponer que se emita una nueva convocatoria… estos (los accionados) han decidido no acatar la Sentencia Constitucional 0770/2024, lo cual implica incumplir los artículos 16 y 17 de la ley 254”, indica el abogado en el memorial enviado a la Justicia.
El lunes, a convocatoria del TSE, representantes de los órgano Ejecutivo y Legislativo, junto a líderes y delegado de organizaciones políticas de alcance nacional firmaron el lunes la Segunda Declaración por la democracia que reafirma la realización de la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre.
Además, se “rechaza la Sentencia Constitucional Nro. 0770/2024-S4, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano”, señala parte de la resolución.
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Vargas, en la acción de amparo constitucional, alegó la lesión de sus derechos a la “igualdad, a la ciudadanía, a ser elegido, al sufragio activo, a ejercer funciones públicas”, pese a haber obtenido un puntaje de 150 puntos. Aunque fue el cuarto mejor calificado, no fue incluido en las listas de candidatos al TSJ por el departamento de Beni.
Fallo
La Sala Constitucional Primera concedió la tutela y dispuso el 15 de octubre inaplicar el art 37, parágrafo II de la Ley de las Elecciones Judiciales por “por ser manifiestamente contraria a los postulados constitucionales”.
Además, declaró desierta la convocatoria en lo que respecta al TSJ Y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque las listas de nominados incumplieron los requisitos constitucionalmente establecidos de los elementos de género y plurinacionalidad, también de la representación departamental.
Sin embargo, el 17 de octubre la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto ordenó al TSE continuar con el proceso de las elecciones judiciales, luego de otorgar la tutela a Esteban Alavi tras una acción de cumplimiento en contra de los vocales.
Ambas resoluciones pasaron al TCP para su revisión y el jueves la Sala Cuarta Especializada del TCP ratificó la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desiertas la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal (TSJ) en Beni y Pando y también para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Vargas señaló que “en atención a ello señor Presidente y digno vocal de esta sala constitucional de garantías, tengo a bien adjuntar la Segunda Declaración por la Democracia de fecha 11 de noviembre de 2024 emitida y suscrita por el pleno del Tribunal Supremo Electoral con la que acredito de manera objetiva y documentada la desobediencia a la resolución en acciones de defensa por los accionados”.
Pedido
En la solicitud, el abogado pide aplicar, “disponiendo que se abstengan a los vocales del Órgano Electoral de continuar con el proceso electoral con el advertimiento de hacerlo se les impondrá: multas progresivas de 15.000 bolivianos para cada uno por día; asimismo de persistir en su desobediencia se remitan antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento correspondiente y en medida cautelar en caso de no obedecer… incluso se proceda a la prohibición al Órgano Ejecutivo (Ministerio de Economía) de no continuar con los desembolsos de los recursos económicos hasta aquí malversados por el OEP”.
