Pese a la emisión del el Auto Constitucional 0083/2024, que impide la elección de autoridades por más de dos periodos, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi afirmó que la reelección, particularmente, de Evo Morales ya estaba descartada con la emisión de la Sentencia Constitucional 1010/2023.
La Sentencia Constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023, abordó un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales.
En la sentencia, no falla sobre otra materia más que la relativa a la convocatoria de elecciones judiciales. Hace una serie de consideraciones de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al respecto.
No obstante, en entrevista con La Razón Radio, Urquidi recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) respondió en la Opinión Consultiva 28/21, que “la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos… La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.
A su vez recordó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el cual Morales consultó a la población sobre una posible modificación del artículo 168 de la Constitución y, así, permitir su tercera reelección.
En ese proceso electoral, Morales sufrió su primer revés. El 51,30% de los electores votó por el No a la modificación constitucional y 48,70% por el Sí. En total, fueron emitidos 5.490.919 votos.
Con los resultados en contra, que frustraron una eventual repostulación del entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García, el MAS propició otra estrategia para sus fines: planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para reivindicar el “derecho humano” de sus líderes a la repostulación.
El 28 de noviembre de 2017, a poco menos de dos años de las elecciones generales de 2019, el TCP hizo conocer su fallo a favor del MAS y también de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.
Justificó su determinación con base en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José.
No obstante, el TCP parece haber dado fin al debate sobre la reelección presidencial en Bolivia con el auto constitucional, que prohíbe una tercera postulación para autoridades de los cuatro órganos del Estado.
