Pasaron cinco años de la masacre de Sacaba, cuando un contingente militar-policial intervino una movilización a la altura del puente de Huayllani –en Sacaba, Cochabamba– el 15 de noviembre de 2019 y hasta ahora no hay una orden de juicio contra los responsables.
Para entonces, los uniformados actuaban bajo el “blindaje” del Decreto Supremo 4078 —promulgado por la entonces presidenta Jeanine Áñez— que los eximía de procesos penales por posibles excesos de fuerza.
Esa fatídica jornada murieron 10 personas, todas a bala. De ese grupo, cuatro perdieron la vida por impactos de proyectil en la cabeza y otras seis, en el abdomen y tórax (ver cuadro). Además de los decesos, hubo varias personas heridas por la violencia ejercida en los conflictos poselectorales de ese año.
Masacre de Sacaba
“En el caso de Sacaba no hay ninguna orden de juicio”, dijo a La Razón el activista de derechos humanos David Inca.
Precisamente, Inca es el representante de las víctimas que cuatro días después corrieron la misma suerte que en Cochabamba. Pero esa vez, la violencia se trasladó al departamento de La Paz, específicamente a la zona de Senkata, en el municipio de El Alto.
En un similar despliegue de policías y militares, el 19 de noviembre de ese año, un contingente reprimió violentamente la marcha de varios ciudadanos que exigían “el respeto a la democracia”, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre, en medio de una fuerte convulsión social y política, por un supuesto “fraude monumental” en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
El luctuoso desenlace dejó otras 10 personas fallecidas. (Ver cuadro).
Juicio
Respecto de ese hecho sí existe un proceso que incluye en su acusación a 18 personas acusadas. Entre ellas, la expresidenta Áñez, cuatro ministros de su gabinete —que inscribieron su firma en el Decreto 4078— y jefes militares y policiales que entonces ejercían altos cargos.
El juicio oral contra Áñez y 17 exautoridades comenzó el 2 de septiembre de este año y la investigación se basa en la supuesta comisión del delito de genocidio. Sin embargo, el proceso no incluye a las víctimas de la primera jornada violenta en Sacaba.
Inca informó que el juicio se encuentra en la fase de valoración de pruebas documentales que, según detalló, son 375. Asimismo, explicó que, hasta el momento, se analizaron 200 documentos y que, por cada audiencia, se analizan 50; se estima que, luego de tres o cuatro audiencias más, comience la fase de declaraciones de las víctimas y los testigos.
“Yo creo que (las autoridades) están esperando que termine el juicio de (la masacre de) Senkata para recién comenzar el juicio de Sacaba”, calculó el activista.
Víctimas
Luego de les hechos luctuosos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó la violencia del 15 y 19 de noviembre de 2029 como “masacres” e hizo 36 recomendaciones al Estado boliviano para la atención y reparación de daños a las víctimas y familiares directos de los fallecidos. Etre ellas está la ayuda humanitaria a las 37 familias afectadas identificadas por el organismo.
El Gobierno cumplió con la recomendación a través de Decreto Supremo 4176, de Ayuda Humanitaria. “Este decreto dispone que tiene que haber ayuda en términos de becas para las víctimas, trabajo (para los familiares) atención médica y esa ayuda, que no es reparación, se cumplió el 95% (por parte del Gobierno)”, indicó.
Afirmó que el beneficio llegó a ese porcentaje solo en el caso de las víctimas de la masacre de Senkata; sin embargo, en el caso de Sacaba, “solo se acerca” al 30%.
“Muchas de las víctimas en el caso de Sacaba, viven en el Chapare, en diferentes comunidades. Se les hace bastante difícil viajar hasta Cochabamba (a realizar los trámites)”, justificó Inca.
Proceso
Éste fue consultado sobre el cumplimiento de las 36 recomendaciones de GIEI por parte del Gobierno y respondió que, hasta el momento, “solo se han cumplido unas cuatro, faltan 32”.
La Razón también consultó al Ministerio de Justicia respecto del cumplimiento de la atención a las víctimas.
“El Estado no tiene compromisos pendientes de cumplimento, sino más bien, se encuentran en proceso de implementación por tener un carácter permanente y recurrente”, respondió la oficina del ministro César Siles.
Asimismo, ese ministerio, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), patrocinó a “16 víctimas en el caso denominado Senkata; entre ellas a 9 familiares de víctimas fallecidas y 7 víctimas que sufrieron lesiones a consecuencia de los eventos fatídicos suscitados en fecha 19 de noviembre de 2019”.
Cumplimiento
Sin embargo, en el caso de la Masacre de Sacaba, el Sepdavi no patrocina a ninguna de las víctimas.
Respecto de las recomendaciones del GIEI, La Razón consultó sobre el cumplimiento de su resolución e indicó que se alcanzó a cumplir con seis de las 36 recomendaciones, entre las que detalló la “rehabilitación”, “restitución”; “medidas de satisfacción y garantía de no repetición”; “compensación”; “Investigación, determinación de responsables y sanción” y “prevención”.
Con el cumplimiento parcial de las recomendaciones del GIEI el Gobierno busca “hacer justicia”.
