Pese a las amenazas y agresiones que sufrieron miembros de la Policía Boliviana en el Trópico de Cochabamba, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró que los efectivos deben regresar a la zona para “garantizar” los derechos de la población.
“La Policía Boliviana tiene el mandato constitucional de mantener el orden público en todo el territorio nacional. En consecuencia, que cumpla con su mandato, esto es importante. El Estado es el garante del ejercicio de los derechos y para eso tiene brazos operativos, como la Policía Boliviana. Imagínese que la Policía tenga que pedir garantías al Estado cuando es el brazo operativo del Estado; es una paradoja impensable”, dijo en conferencia de prensa.
Durante el bloqueo evista de 24 días, la Policía fue replegada de las unidades que se encuentran en el Trópico de Cochabamba, pues sus efectivos recibieron una serie de amenazas y hasta agresiones por parte de los bloqueadores. Por esa razón dejaron el sector.
Recientemente se conoció un asesinato múltiple en el Trópico. Cinco personas fueron asesinadas y, según las investigaciones, se trataba de la compraventa de armas por parte de supuestos bloqueadores.
Policía Boliviana
“No debemos confundir con justicia indígena, comunitaria ni con nada. Está claro, hay hechos delictivos. Hay cinco personas que fueron victimadas y tiene que investigarse por la instancia correspondiente desde el Ministerio Público y la Policía y establecer rápidamente las responsabilidades de quienes hubieran cometido (esos delitos)”, agregó Callisaya.
Respecto de ese crimen, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que la institución continúa realizando sus labores como corresponde.
“El hecho que la Policía haya sido agredida, el Ejército haya sido intervenido en esos 24 días, no significa que no tengamos presencia de Estado. Los comunarios o cualquier persona pueden acomodarse donde quieran; pero nosotros, pese a esas vicisitudes, le tenemos que dar certidumbre a la población, tiene que haber sentimiento de justicia y eso es lo que hicimos”, dijo el funcionario a Unitel.
El caso sigue en investigación, aunque varios actores creen que hay un trasfondo “de intereses”.
