Luego de que la Fiscalía emitiera una acusación formal por el supuesto delito de intento de magnicidio contra el exministro Luis Fernando López, éste recordó que el juicio en rebeldía quedó extinto y que el Gobierno le tiene miedo a un refugiado político.
“Ajá, dale, ¡sigan con fuegos artificiales para tapar el Estado fallido! Le tienen miedo a un perseguido y refugiado político; ¿por qué? (por la) Sentencia Constitucional 001 del 17/01/2024, no pueden juzgar en rebeldía, ¡(Es) nulo de pleno derecho!”, escribió la exautoridad en su cuenta de X.
Ministro de Defensa en el régimen de Jeanine Áñez y ahora refugiado en Paraguay, López se refirió al caso que salió a la luz gracias a una investigación de The Intercept, publicada en junio de 2021. El reportaje reveló que, tras la victoria electoral de Arce en octubre de 2020, Bolivia estuvo al borde de un golpe de Estado; además, una posible invasión de mercenarios estadounidenses.
Según la publicación, el gobierno de Donald Trump intentó silenciar investigaciones que desacreditaban la narrativa de fraude electoral en 2019.
Refugiado
En los documentos filtrados se describen planes liderados por López para traer mercenarios desde Estados Unidos y coordinarse con sectores de las Fuerzas Armadas, la Policía y grupos civiles bolivianos.
El objetivo era evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS), el principal movimiento político del país, retomara el poder. Sin embargo, el plan nunca se concretó; en parte debido a divisiones internas y el temor de repetir o superar las tragedias de Sacaba y Senkata, donde decenas de personas murieron en noviembre de 2019 bajo el gobierno de Jeanine Áñez.
¿Por qué López menciona la Sentencia 0001/2024? El 21 de junio se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicó una sentencia constitucional con la que declaró inconstitucional que una persona sea procesada sometida a un juicio en condición de rebelde.
Dicha norma fue firmada el 17 de enero de este año, notificada a las partes recién el 14 de junio. El documento declara la inconstitucionalidad de artículos del Código de Procedimiento Penal que disponían seguir con el juicio pese a que los acusados estén ausentes.
La exdiputada Norma Piérola fue accionante y promotora del recurso que lo presentó en 2019.
