La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame recordó que, desde el 2 de enero, el país sufre un “golpe constitucional judicial” tras la prórroga de magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El 2 de enero feneció el mandato de las autoridades de los altos tribunales. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, se emitió la Declaración Constitucional 049/2023 que prorroga el mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 de manera “excepcional y temporal”, hasta que se elijan y posesión a las nuevas autoridades de ese órgano.
Desde su prórroga, las autoridades han estado emitiendo polémicas resoluciones, autos constitucionales, declaraciones y sentencias
El TCP, a través de la firma de Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, obligó a desarrollar elecciones judiciales parciales. La Sentencia Constitucional 0770/2024 declara desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Es decir, el fallo rompe con el principio de preclusión y la “unicidad” del proceso, como denunció la Sala Plena del TSE.
En entrevista con La Razón Radio, Salame aseguró que desde el 2 de enero el país no cuenta con Órgano Judicial ni TCP porque las autoridades que encabezas las instancias no son legales ni legitimas.
“Estamos viviendo en un esta0do de facto en cuanto al sistema judicial. Es grave porque se afecta la carta democrática”, dijo.
Hace semanas, la propia senadora aseguró que ningún ciudadano boliviano debe acatar los fallos del Tribunal Constitucional, debido a que, en su criterio, el mandato de los magistrados feneció en enero y sus determinaciones no tienen validez.
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