Manolo Rojas, defensa del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, informó que se solicitó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos del exjefe policial, debido a que “hasta” el momento no existen la notificación de extradición.
“No se le ha permitido genera una defensa o una representación internacional. Lo que sí hemos puesto en conocimiento ante la CIDH la grave vulneración de derechos humanos, que en este caso de extradición del coronel Dávila”, dijo Rojas.
Añadió que se está pidiendo una medida cautelar, el cual busca que se mande un veedor para verificar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del exjefe policial.
Solicitud
El 8 de noviembre, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca; solicitó a la Justicia que se proceda con la extradición de Dávila a Estados unidos por una acusación de tráficos de sustancias contralas en ese país.
Dávila es requerido por cargos de tráfico de drogas y uso de armas de fuego. El presidente del TSJ, Marco Jaimes, indicó el 10 de octubre, que EEUU formalizó la extradición del exjefe policial y tras el conocimiento de la solicitud, el tribunal tiene 60 días para la notificación al imputado.
Rojas indicó que están a puerta de ingresar a la vacación judicial y esto también compete al TSJ, razón por lo que se requiere conocer la notificación.
Ante la falta de notificación, dijo que “todo es una farsa” porque viajó a Sucre, Chuquisaca, y se le informó que el cuaderno se encuentra en despacho. En su criterio, la “supuesta” extradición es una falacia.
Aprehensión
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplió la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.
Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.
