El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, lamentó este lunes que el Órgano Ejecutivo haga prevalecer la “ilegalidad” al apoyar a los magistrados “autoprorrogados” y promueva la realización de las elecciones judiciales parciales.
El legislador señaló que las acciones de los magistrados al “autoprorrogarse” está fuera de contexto, porque “han sido juez y parte”. Reiteró que, desde el 2 de enero, el pueblo está en la indefensión jurídica, porque no tiene quién defienda al boliviano.
«(Los autoprorrogados tienen) ínfulas de grandeza que les ha dado el presidente (Luis Arce), sus ministros y unos cuantos diputados. Van a estar haciendo lo que les da en gana. No sabemos si en 2025 habrá elecciones generales, o cierren el Órgano Legislativo. Prácticamente, ya le han cortado las alas al Órgano Electoral, ellos no están en condiciones de hacer absolutamente nada porque eliminaron el principio de preclusión”, señaló.
Bajo la declaración constitucional 049/2023, el TCP dispuso la prórroga de los magistrados de esa instancia y del Órgano Judicial de manera excepcional y temporal, hasta que “se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” judiciales.
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Sin embargo, el 4 de noviembre se conoció la Sentencia Constitucional 077/2024 que declaró desiertas las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP, en los departamentos de Pando Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
La decisión fue ratificada la semana pasada por cinco de los magistrados de la sala plena del TCP que declararon improcedente la solicitud de avocación del TSE.
Mala imagen
Ajpi indicó que, con estas decisiones del TCP, el TSE no tiene no voz ni voto para llevar ninguna elección porque “cualquier” juez seguirá fallando a “conveniencia” del Luis Arce.
También cuestionó la mala imagen a nivel internacional del país por la forma de administración en el ámbito judicial.
“Van a fundir el país, ya no tiene una (buena) imagen internacional nuestro país, no el presidente Luis Arce, por la forma de administración (…), desde el 02 estamos en una indefensión jurídica”.
Los parlamentarios de oposición y del evismo coinciden que los actos de los “autoprorrogados” son de nulo derecho desde el 2 de enero.
