El expresidente Evo Morales cuestionó al magistrado Gonzalo Hurtado, designado como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del que advirtió vinculación con “polémicas e ilegales decisiones”.
Además, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que la presidencia de Hurtado expone a los bolivianos a una “indefensión jurídica”.
“El cambio de directiva del TCP pone en evidencia que en Bolivia no existe seguridad jurídica ni Estado de derecho. La nueva presidencia del TCP está vinculada a polémicas e ilegales decisiones que colocan a los bolivianos en total indefensión jurídica y política”, escribió Morales en sus redes sociales.
Evo Morales
El lunes, Hurtado asumió la presidencia del TCP con el respaldo de cinco de los nueve vocales de la Sala Plena. La decisión fue asumida ante la ausencia en tres sesiones consecutivas del ahora extitular de esa oficina, Paúl Franco.
Hurtado y su colega Yván Espada formaban parte de la Sala Constitucional Cuarta del TCP, desde donde se emitieron polémicas resoluciones, entre ellas, la postergación de las elecciones judiciales y, las más recientes, la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que reconoció válido el congreso arcista del MAS en el que se eligió como presidente a Grover García en reemplazo, precisamente, de Morales.
Otra decisión que hizo tambalear la arena política fue relativa a la reelección presidencial continua o discontinua. El Auto Constitucional 0083/2024 ECA, del 1 de noviembre de 2024, prohíbe la reelección por segunda vez de autoridades electas los órganos Ejecutivo, Judiciales, Legislativo y Electoral. Así, Morales no podrá postularse a la presidencia nunca más.
TCP
“Estamos frente una situación crítica donde las salas constitucionales quitan atribuciones a la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral a través de un Tribunal Constitucional sometido al Gobierno a cambio de intereses políticos y económicos”, agregó Morales en su publicación.
No es la única crítica que tiene Morales para Hurtado y los miembros de la Sala Plena del TCP. La principal tiene que ver con la prórroga de su mandato, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, emitida el 11 de diciembre de ese año.
En reiteradas ocasiones, Morales y sus seguidores desconocieron la legalidad de los magistrados electos en 2017; de ellos dijeron que sus decisiones “son nulas de pleno derecho”.
