El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) afirmó que el Órgano Ejecutivo y la bancada del oficialismo en la Asamblea Legislativa alentaron “dilaciones” para entrampar el curso de las elecciones judiciales que debieron llevarse adelante en 2023.
Las elecciones judiciales sufrieron tropiezos desde su inicio en la convocatoria a preselección de candidatos a los comicios en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por distintas trabas, se llevarán adelante de forma parcial el próximo domingo 15 de diciembre.
El 2 de enero feneció el mandato de las autoridades de los altos tribunales. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional 049/2023 que prorroga el mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 de manera “excepcional y temporal”, hasta que se elijan y posesión a las nuevas autoridades de ese órgano.
Desde su prórroga, las autoridades han estado emitiendo polémicas resoluciones, autos constitucionales, declaraciones y sentencias.
El TCP, a través de la firma de Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, obligó a desarrollar elecciones judiciales parciales. La Sentencia Constitucional 0770/2024 declara desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Es decir, el fallo rompe con el principio de preclusión y la “unicidad” del proceso, como denunció TSE en su oportunidad.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Rodríguez Veltzé criticó la falta de controles por parte de entidades estatales como la Contraloría General del Estado (CGE) y el Ministerio de Economía, que, en su opinión, deberían haber actuado frente al uso indebido de recursos públicos.
“Es inadmisible que se sigan pagando salarios y se utilicen recursos para un tribunal que no está debidamente constituido”, señaló.
El también presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, denunció una “maquinación orquestada” entre el Ejecutivo, la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ciertos actores judiciales para retrasar las elecciones judiciales del año pasado.
Rodríguez Veltzé aseguró que el proceso electoral fue saboteado a través de amparos legales y consultas que favorecieron estas dilaciones. “Esto no es una casualidad, es una estrategia política para mantener el control del sistema judicial”.
Ratificó su posición sobre los magistrados prorrogados, que —en su criterio— son exmagistrados que ocupan las instalaciones del Tribunal Constitucional.
A su vez, lamentó que el país enfrenta una crisis institucional sin precedentes, donde las decisiones del TCP no solo afectan el sistema judicial, sino también la estabilidad política y social del país.
Según el expresidente, el TCP actúa como un “suprapoder” en lugar de un garante del orden constitucional.
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