En sesión de sala plena, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó este miércoles la extradición de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas durante el gobierno de Evo Morales.
El presidente del TSJ, Marco Jaimes, informó que con el voto de siete magistrados a favor y dos disidencias se determinó la extradición de “manera inmediata” del exjefe policial tras la revisión de la documentación y las pruebas correspondientes remitida vía diplomática.
“Informar que hoy en sala plena se ha formalizado la determinación de extradición en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo.
Según Jaimes, los votos disidentes vienen de los miembros de la Sala Penal, magistrados Olviz Eguez y Edwin Aguayo. Dijo que los argumentos de ambos magistrados serán expresados por “ellos”.
Disidencia
“En lo saliente hacen referencia a que no se habría establecido la etapa procesal del proceso que se encuentra en trámite actualmente en Bolivia y consiguientemente se hacen consideraciones con relación a la posible ejecución diferida de la extradición, esos son los fundamentos salientes de los dos magistrados que voto disidente”, dijo.
El titular de Justicia explicó que Dávila se enfrenta a una condena de 20 años a cadena perpetua en uno de los dos delitos por el que se le acusa en Estados Unidos.
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“El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito 10 a 20 años”, aseveró.
El exjefe policial es acusado en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico
Señaló que en el caso del delito por el cual se encuentra procesado y detenido en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz es un delito que tiene una pena de cinco a 10 años, legitimación de ganancias ilícitas; cuya pena “carece de relevancia con relación a la posible pena a imponerse en Estados Unidos”.
El lunes, Manolo Rojas, defensa de Dávila, informó que se solicitó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos del exjefe policial; debido a que “hasta” el momento no existe la notificación de extradición.
Dijo que se está pidiendo una medida cautelar, el cual busca que se mande un veedor para verificar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del exjefe policial.
Notificación
De acuerdo con Jaimes, lo que corresponde “ahora” es la notificación correspondiente a la Fiscalía General del Estado y al juzgado cautelar, quien está a cargo de expedir el mandamiento correspondiente de extradición.
Respecto a los plazos para el traslado, dijo que lo importante es la publicidad que se debe dar el jueves a las partes y la expedición del mandamiento de excarcelación correspondiente.
El 8 de noviembre, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, solicitó a la Justicia que se proceda con la extradición de Dávila a Estados unidos por una acusación de tráficos de sustancias contralas en ese país.
El 10 de octubre, Jaimes indicó que EEUU formalizó la extradición del exjefe policial y tras el conocimiento de la solicitud, el tribunal tiene 60 días para la notificación al imputado.
El exjefe policial fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplió la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA; por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.
Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.
