El asesinato de cinco personas generó conmoción en el país debido a la brutalidad y violencia del crimen suscitado en Cochabamba. Las investigaciones preliminares señalan que el caso está relacionado con una venta fallida de armamento.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, contó los detalles de la matanza del 13 de noviembre reciente.
Sostuvo que la trágica historia comenzó cuando Christian Serna, un joven de 18 años que se presentaba como un exmilitar de la Fuerza Área Boliviana (FAB), ofreció a comunarios de la localidad de Pucamayo, en Villa Tunari, Cochabamba, la venta de fusiles FAL (Fusil Automático Liviano) por un monto de Bs 27.800.
Todo este evento ocurrió días después del 6 de noviembre, cuando terminó el bloqueo de 24 días propiciado por el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Se hablaba de que en cualquier caso de que Policía pretendiera intervenir para reestablecer la vía, iba a haber una repercusión y una reacción furibunda por parte de estas comunidades”, informó Aguilera.
De acuerdo con las declaraciones del autor del crimen, Serna intentó engañar a los pobladores con esa venta.
Aguilera develó que las personas que buscaban comprar las armas pretendían imponer “justicia comunitaria” a partir de un supuesto engaño diseñado por el principal autor de este asesinato, identificado como Ernesto Almaraz, quien convocaba a comunidades diciendo que los vendedores de armas eran autores de robo de motocicletas en la localidad.
“Los convocaba para justicia comunitaria”, dijo.
El 12 de noviembre, Serna acudió a la comunidad para explicar los supuestos fallos en la entrega de los fusiles en un taxi que conducía Tadashi Loroña. Una vez que llegaron al lugar, los comunarios los retuvieron y acusaron de estafa en la venta de armas.
El taxista se comunicó con su esposa Trinidad Muñoz, a la que le pidió conseguir Bs 27.800 para su liberación. Ella acudió al lugar con la hermana del conductor y un amigo de la familia que también era militar.
Ese día, las cinco personas fueron declaradas como secuestradas. Según el autor del crimen, los comunarios se molestaron al descubrir que se trataba de militares y los relacionaron con los operativos de desbloqueo en la localidad de Parotani, el 1 de noviembre.
Ya el 13 de noviembre fueron asesinadas las cinco personas. Según el detenido, Serna logró escapar, pero fue capturado y obligado a cavar su tumba para ser enterrado vivo. Los otros cuatro fueron quemados por la turba.
El viceministro Aguilera informó que después de que Almaraz segó la vida de las primeras cuatro víctimas, asesinó a Serna asfixiándolo. “Lo entierra a dos horas de donde encontramos el primer cuerpo”.
“Están comprobados los autores del crimen desde el punto de vista médico forense y desde la reconstrucción de los hechos”, garantizó.
Contó que las primeras víctimas fueron enterradas en fosas clandestinas alejadas de la comunidad con la intención de que no se los encuentre. “Los primeros cuatro cuerpos estaban enterrados a 1,5 metros. Los cuerpos iban a servir de abono (para la vegetación) y jamás íbamos a encontrarlos”.
Indicó que después de una labor de inteligencia, se identificó a los autores del hecho.
“Está probado formalmente, a partir de testimonios, pericias e inspecciones, que las personas murieron a manos de Ernesto Almaraz, Juan Almaraz, Raúl Almaraz, Sergio Paco, Juan Cáceres y Álvaro Ticona”, especificó.
Con la recuperación del cuerpo de Serna, el 25 de noviembre, se completó la lista de víctimas: Tadashi Loroña, Trinidad Muñoz, Lisa Loroña, Juan Carlos Román, Cristian Serna. Todos habrían sido ejecutados con disparos en la cabeza.
Aguilera aseguró que la motivación del cruel asesinato fue la “justicia comunitaria”. “Ellos (asumieron) que fueron víctimas de una estafa”.
Por ese monto de Bs 27.800, Serna pudo haber sido torturado y asesinado. No obstante, ese monto fue devuelto por las víctimas a la comunidad.
La Policía encontró una parte del dinero, Bs 12.000 aproximadamente, dinero que fue entregado al fiscal.
Aguilera explicó que Loroña y Serna llamaron a sus familiares para devolver el dinero, pero Almaraz “convocó a más comunidades interesadas en comprar armas y se aprovechó la multitud, “llamada muchedumbre delictiva”, que recibió los Bs 27.800 de manos de la esposa de Tadashi”.
“Ella llevó el dinero y lo devolvieron. Cuando intervenimos (…) (los comunarios) se ven descubiertos porque la plata había sido devuelta”, acotó.
Contó que después de entregar los Bs 12.000 a la Fiscalía, se entregó un monto a la comunidad y otro porcentaje se quedó para la defensa del acusado.
La Policía, actualmente, busca detener a otros dos implicados que se esconden en el Trópico cochabambino. Mientras que la Fiscalía continúa recopilando elementos para esclarecer el caso y lograr nuevas detenciones.
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