Enrique Mamani, representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), paralela y afín al expresidente Evo Morales, informó este jueves que la denuncia presentada contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue admitida por el Ministerio Público de Chuquisaca.
Indicó que ya se iniciaron las investigaciones por los delitos se usurpación de funciones contra los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Paul Franco, Georgina Amusquivar, Elizabeth Cornejo, Brígida Celia Vargas, Isidora Jiménez, Karem Gallardo y Petronilo Flores.
Denuncia
“El pasado 26 de noviembre, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia junto a nuestro equipo jurídico presentamos en la ciudad de Sucre, en la Fiscalía; una denuncia penal contra los magistrados prorrogados por los delitos de usurpación de funciones”, señaló el dirigente intercultural.
Indicó que la denuncia fue admitida por la vía ordinaria y dijo que los magistrados pretenderán llevar a “un juicio de responsabilidades” este caso.
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La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 dispuso la prórroga de mandato de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribuna Agroambiental; Consejo de la Magistratura y del TCP de “manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” del Órgano Judicial.
Desde el 2 de enero de esta gestión, las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP son cuestionadas y consideran que sus “actos son nulos” de pleno de derecho y no se enmarcan en la Constitución.
Proceso
“Agotaremos hasta los últimos recursos y si es necesarios vamos a llegar hasta las instancias internacionales para hacer respetar la Constitución (y) para tener magistrados competentes, imparciales e independientes”, dijo Mamani.
El dirigente recordó que el TCP no es un suprapoder y tiene la función de hacer cumplir la Constitución, sin embargo, en su criterio, fueron los primeros en “violarla”, además de atribuirse funciones de los órgano Legislativo y Electoral, de una asamblea constituyente e incluso los derechos de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
