El presidente Luis Arce destacó este martes la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros e indicó que este fallo representa un mensaje contundente de la justicia boliviana.
“No habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son de propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, sentenció.
El mandatario resaltó que tras 19 años de lucha “incansable, ¡se hizo justicia!” y sentó un precedente “muy importante” sobre los recursos naturales y “su administración en función al interés colectivo”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSE) sentenció el lunes a Sánchez de Lozada a una pena de seis años y tres meses, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además del expresidente, por los mismos delitos, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga también fueron sentenciados a una condena de cinco años de prisión.
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Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” respectivo.
El Ministerio de Justica señaló que los delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Legislativo, en “franca violación a la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos acusados, (Art. 59, numeral 5 CPE)”, (sic).
Amnistía
El caso Petrocontratos, iniciado en 2005, involucró inicialmente a expresidentes como Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, este último fue excluido del proceso por amnistía otorgada por Evo Morales en 2018.
El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas.
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
