La reciente decisión del gobierno boliviano de suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible ha generado una profunda preocupación en el sector afectado. La medida, anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, busca garantizar el abastecimiento interno a precios justos. Sin embargo, desde el lado empresarial advierten sobre sus consecuencias negativas, especialmente en la relación con los mercados externos.
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), expresó un enérgico rechazo a la decisión. Desde su perspectiva, la medida es «desconcertante e innecesaria». Según explica, el sector oleaginoso ha cumplido con garantizar el abastecimiento interno pese a las adversidades económicas y climáticas. “Es difícil comprender cómo, después de constatar que la industria cumplió con garantizar el mercado interno y mantener un stock suficiente hasta 2025, se opta por una medida que penaliza a quienes han actuado responsablemente”, aseveró.
Exportaciones futuras en riesgo
El ejecutivo observa que la suspensión afectará no solo al sector industrial, sino también a la credibilidad del país como proveedor internacional. “La restricción de exportación implica incumplimientos de contratos, penalidades financieras y el riesgo de perder mercados y clientes estratégicos”, advirtió Rodríguez. Además, lamentó que esta decisión se tome en un momento crítico para el sector, golpeado por la sequía, la escasez de diésel y el encarecimiento del dólar en el mercado paralelo.
El gerente del IBCE subrayó que el problema principal no radica en la producción ni en la industria, sino en la comercialización y el contrabando. “El contrabando a la inversa, como lo denomina el propio presidente, es el verdadero problema. Productos como el aceite, ofrecidos a precios bajos en el mercado interno, salen ilegalmente hacia países vecinos, donde se venden a precios más altos”, indicó. Añadió que estas prácticas ilegales son incentivadas por la diferencia cambiaria en el mercado negro.
Fundamentos del Gobierno
La suspensión de exportaciones fue anunciada tras verificativos en mercados y centros de abasto que revelaron insuficiencia de producto y precios elevados. Según Huanca, la medida responde a “la obligación de garantizar la seguridad alimentaria”. El ministro argumentó que, aunque la producción y distribución fueron declaradas normales por la industria, los grandes consumidores señalaron una reducción en los volúmenes entregados.
“La sequía y los bloqueos afectaron la distribución. Es deber del Gobierno anteponer los intereses del pueblo por encima de cualquier interés sectorial”, sostuvo Huanca. Además de la suspensión, se implementarán controles fronterizos para frenar el contrabando y se reforzarán medidas contra la especulación en la cadena de distribución.
Otros impactos
Desde el sector exportador, se advierte que el “remedio puede ser peor que la enfermedad”. Rodríguez advirtió que esta decisión no solo reducirá la entrada de divisas al país, sino que también afectará la estabilidad financiera de la industria. “Quienes deben estar celebrando esta decisión son los contrabandistas, que ahora tendrán más disponibilidad de aceite barato para lucrar”, dijo.
El gerente del IBCE lamentó que el diálogo técnico con las autoridades no haya evitado la implementación de esta medida. “Es triste ver cómo, en lugar de apoyar a un sector clave para la economía nacional, se imponen restricciones que agravan la crisis”, concluyó.
La situación tensiona las relaciones entre el Gobierno y el sector privado, con impactos potenciales para la economía y la reputación de Bolivia en el mercado internacional. Así, el país se debate entre equilibrar la seguridad alimentaria y el mantenimiento de su competitividad exportadora.
Le puede interesar: Identifican un intermediario que en noviembre compró 54 toneladas de aceite
