En su informe de gestión 2024, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, defendió la ampliación de funciones de los magistrados del Órgano Judicial e indicó que el “hipotético” cese de funciones de las altas autoridades judiciales hubiese provocado un daño incalculable en el sistema judicial.
“Remarcamos que un hipotético cese de funciones hubiera generado la paralización de este tribunal y con ello, una afectación directa a los bolivianos que acuden a los estrados judiciales en busca de una atención a sus conflictos”, dijo la autoridad judicial.
La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la prórroga de mandato de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribuna Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del TCP de “manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” del Órgano Judicial.
Cuestionamientos
La medida fue cuestionada por los actores políticos y los legisladores de oposición y el evismo quienes consideran que la Constitución no permite una “autoprórroga” de mandado. Indicaron que todos sus actos carecen de legalidad desde el 02 de enero de este año.
Jaimes enumeró que el cese de los magistrados “hubiese afectado” también a los Tribunales Departamentales de Justicia y juzgados de todo el país, esto debido a que no habría la posibilidad de habilitar ítems y firmar los contratos para todos y cada uno de los funcionarios del TSJ.
Además, dijo que “hubiera ocurrido” la imposibilidad de resolver recursos de casación, solicitudes de detención preventiva, los procesos de extradición, recursos extraordinarios de revisión de sentencia y en el caso de los Tribunales Departamentales de Justicia los autos de vista y la propia emisión de sentencias.
Inclusive, señaló que los juicios de responsabilidades, como la sentencia dictada en los días pasados en el caso Petrocontratos no se hubiera concretado, conforme a los intereses del Estado boliviano
“(Se) hubiese provocado efectos de daño incalculable. Lo que hicimos todos los magistrados de sala plena es asumir, entonces, una responsabilidad para preservar el derecho de las personas a una justicia pronta y oportuna”.
Prorroga
Jaimes remarcó que el mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (TCP) viene de la Constitución y del pueblo. Mencionó que este último es quien los eligió, pese a una campaña “contraria a la realización de las elecciones judiciales”.
“El pueblo nos eligió de manera legítima y democrática. Cumplimos, entonces, con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial, cumplimos con las leyes”.
Agregó que las dificultades con relación a las elecciones judiciales “fueron un efecto de la labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa”.
