Organizaciones de mujeres en Bolivia, lideradas por la Coordinadora de la Mujer, han solicitado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) medidas urgentes para proteger los derechos políticos de las mujeres autoridades.
La petición surge ante el persistente acoso y violencia política, especialmente en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde concejalas han denunciado amenazas, presiones y el impago de salarios durante seis meses.
La práctica ilegal de los acuerdos de «gestión compartida», ampliamente utilizada en el ámbito político boliviano, obliga a concejalas a renunciar a sus cargos antes de finalizar su mandato para cederlos a sus suplentes. Estas acciones violan la Constitución, que garantizan un mandato de cinco años para las autoridades electas, y agravan la violencia política contra las mujeres.
“Esta imposición mina la democracia y vulnera los derechos de las autoridades electas, afectado principalmente a las mujeres”, señaló la Coordinadora de la Mujer en un comunicado.
Denuncias
En Sacaba, las concejalas María Amparo Acosta y Martina Rojas han acusado al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba de no actuar frente a las agresiones denunciadas. “El TED apoya la violencia política al no intervenir, politizando la situación”, afirmó Acosta.
Por su parte, Rojas criticó la falta de imparcialidad del organismo y lo acusó de favorecer al alcalde municipal.
Desde mayo, cuatro de las seis concejalas han denunciado acoso político, impulsado por sectores sociales que exigen su renuncia en cumplimiento de los acuerdos de «gestión compartida». Las denuncias permanecen pendientes ante la Fiscalía y el TED, mientras las autoridades afectadas esperan garantías para retomar sus funciones.
Las organizaciones de mujeres han entregado una carta al OEP cuyos puntos son:
—Rechazar públicamente las prácticas de «gestión compartida».
—Garantizar condiciones seguras para que las concejalas de Sacaba puedan ejercer sus funciones sin represalias.
—Sancionar de manera efectiva a quienes promueven el acoso y la violencia política.
Gabriela Murillo, representante de la Coordinadora de la Mujer, destacó que esta forma de violencia no solo vulnera derechos individuales, sino que también pone en riesgo la construcción de una democracia inclusiva.
Preocupación nacional
Se debe “garantizar los derechos políticos de las mujeres no es solo una obligación legal, es un paso esencial hacia una sociedad más equitativa”, afirmó Murillo.
En 2024, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 83 casos de acoso y violencia política hacia mujeres, de los cuales el 74% está relacionado con la mal llamada “gestión compartida”.
La Defensoría del Pueblo ya había instado en mayo a las autoridades electorales de Cochabamba para cesar los discursos que perpetúan estas prácticas. Sin embargo, las organizaciones exigen acciones inmediatas para frenar la creciente violencia contra las mujeres en el ámbito político.
